Medellín se ve sacudida por un presunto caso de explotación sexual infantil que ocurrió durante la Semana Santa, desatando la consternación en la ciudad y llevando al alcalde Federico Gutiérrez a tomar medidas drásticas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Una de estas medidas implica la limitación del horario de funcionamiento de los bares en la ciudad.

El suceso tuvo lugar el pasado 28 de marzo, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un ciudadano estadounidense, identificado como Timothy Alan Livingston, quien ingresó a un hotel de lujo en El Poblado en compañía de dos menores de edad. Las autoridades descubrieron que los documentos de las menores, de 12 y 13 años, eran falsos, pero Livingston logró ingresar al hotel en horas de la madrugada.

A pesar de que las menores no afirmaron haber sido abusadas, el ciudadano estadounidense fue puesto a disposición del Centro de Traslado por Protección durante 12 horas, aunque no fue capturado al no encontrarse en flagrancia. Posteriormente, Livingston regresó a Estados Unidos.

El hotel donde se desarrollaron los hechos fue sellado por un plazo de diez días mientras se adelantan las investigaciones pertinentes, las cuales se basarán en las grabaciones de seguridad del establecimiento.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la implementación del plan piloto establecido en el decreto 247, que limita el horario de funcionamiento de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, como una medida para prevenir este tipo de situaciones. Según el decreto, los bares y establecimientos del Parque Lleras podrán operar hasta la 1:00 a.m. durante el mes de abril.

Sin embargo, esta medida ha sido objeto de controversia. La Asociación de Bares de Colombia rechazó la decisión del alcalde, argumentando que la reducción del horario de funcionamiento afecta gravemente al sector sin contribuir de manera efectiva a combatir la explotación sexual infantil. Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia, expresó su preocupación por las posibles pérdidas económicas y de empleo que esta medida acarrearía para el sector.

Valenzuela solicitó que se revisen las medidas restrictivas y se garanticen las garantías del debido proceso, con el fin de evitar consecuencias negativas para los establecimientos de la zona.