Un brutal ataque con explosivos atribuido a disidencias de las Farc dejó al menos 14 civiles muertos este sábado en el sector de El Túnel, sobre la vía que conecta Cali con Popayán, en el departamento del Cauca. Entre las víctimas se encontraba Patricia Mosquera, reconocida lideresa social y miembro del Consejo Comunitario de El Puro (municipio de Patía), quien también integraba el Mecanismo Especial de Consulta (MEC) del acuerdo de paz.

El hecho, que según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) fue un “horrendo crimen”, ocurrió cuando presuntos miembros del Frente Jaime Martínez —vinculado a las disidencias de las Farc— obligaron a detener varios vehículos tras la detonación de un cilindro en un bus. Las autoridades confirmaron que el ataque forma parte de la escalada de violencia que azota al sur del país, donde grupos armados ilegales disputan el control territorial.

Una vida dedicada a la comunidad

Patricia Mosquera, de 48 años, era una figura clave en la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes en el Cauca. Según el Consejo Comunitario de El Puro, su labor se centraba en la protección de tierras colectivas y en la promoción de la consulta previa en proyectos que afectan a su territorio. Además, su participación en el MEC —un mecanismo creado para garantizar la implementación del acuerdo de paz— la convertía en un blanco estratégico para grupos armados que buscan desestabilizar la región.

“Su compromiso, liderazgo y vocación de servicio permanecerán en la memoria de quienes compartieron su lucha por el bienestar de su gente”, expresó la ART en un comunicado, donde también extendió sus condolencias a la familia de Mosquera y a la comunidad de Patía.

Reacciones y condenas

La noticia generó un rechazo unánime por parte de organizaciones sociales y autoridades. La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, lamentó el ataque y recordó que, según datos de Indepaz, este es la masacre número 47 en Colombia durante 2026. “Hacer la guerra es fácil, poner un explosivo es fácil. Lo difícil es construir convivencia, confianza y defender la vida. Eso sí es valiente”, escribió Marín en sus redes sociales.

Por su parte, la Fundación Sumapaz y Corpades se sumaron al llamado de rechazo, exigiendo al gobierno nacional garantizar la seguridad de los líderes sociales en una zona donde operan múltiples grupos armados, como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, ambos bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército.

Contexto de violencia en el Cauca

El departamento del Cauca, históricamente afectado por el conflicto armado, enfrenta una crisis humanitaria agravada por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales. Solo en lo que va de 2026, se han registrado más de 50 masacres en el país, según cifras de la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en un momento crítico, cuando el gobierno de Gustavo Petro intenta avanzar en su política de “Paz Total”, que busca negociaciones con grupos armados. Sin embargo, la persistencia de ataques contra civiles y líderes sociales pone en duda la viabilidad de este proceso en regiones como el Cauca.