Dos servidores de la Fiscalía General de la Nación recuperaron su libertad este jueves 12 de noviembre, tras permanecer aproximadamente 18 meses en cautiverio, en un caso atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los funcionarios habían sido privados de la libertad el 8 de mayo de 2025, mientras cumplían labores institucionales. Su liberación pone fin a un prolongado periodo de incertidumbre para sus familias y compañeros de trabajo.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, celebró su regreso y condenó el secuestro, al recordar los riesgos que enfrentan los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones.

“Fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse”, manifestó Camargo.

La Fiscalía General de la Nación recibe con profundo alivio la liberación de nuestros agentes de Protección y Asistencia Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada tras más de un año y medio de cautiverio.

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón expresa su solidaridad con las familias de nuestros compañeros y agradece a quienes contribuyeron a su liberación.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 13, 2026

Los agentes fueron identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecían en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN desde que fueron secuestrados en una zona rural de Arauca.

La liberación se concretó mediante una misión humanitaria en la que participaron la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia católica y la Misión de Naciones Unidas en Colombia.

El ELN los había sometido a un supuesto juicio revolucionario

Durante el cautiverio, los funcionarios fueron sometidos por la guerrilla a un denominado juicio revolucionario, mediante el cual les impusieron supuestas condenas de 60 y 55 meses de retención por su vinculación con el Estado colombiano.

La Defensoría del Pueblo rechazó ese procedimiento por carecer de legitimidad y recordó que ningún grupo armado tiene facultades para imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión.

El organismo también exigió la liberación de todas las personas que continúan secuestradas por organizaciones armadas ilegales.