El general Luis Emilio Cardozo, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, reveló en una entrevista con Blu Radio una radiografía alarmante del orden público en el país. En un balance detallado, señaló que entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025 se registraron 393 ataques con drones perpetrados por grupos armados ilegales contra bases militares y estaciones policiales. Esta táctica, que debutó en Argelia, Cauca, se ha expandido rápidamente a regiones como Catatumbo, sur de Bolívar y el cañón del Micay, transformando la dinámica del conflicto armado.

Esta denuncia llega en medio de un 2025 marcado por la escalada tecnológica del conflicto, donde la Fuerza Pública enfrenta no solo balas, sino una amenaza asimétrica de alta precisión.

La guerra ha mutado por completo, enfatizó Cardozo. Los grupos insurgentes adquieren drones de forma sencilla en mercados internacionales, les incorporan explosivos y los lanzan contra objetivos fijos sin exponer a sus miembros. “Es una guerrilla rica, fortalecida por narcotráfico y extracción ilícita de oro, que compra estos equipos por plataformas digitales y los activa remotamente, con temporizadores o elevándolos desde distancia”, precisó. Los drones kamikaze resultan los más letales, ya que se estrellan a más de 100 km/h y detonan al impacto.

El sur de Bolívar concentra la mayor cantidad de estos incidentes, seguido de Catatumbo, donde el ELN busca blancos en zonas de menor actividad previa para maximizar el sorpresa. En esta región, la disputa gira en torno a 50 mil hectáreas de cultivos de coca, mientras en el sur de Bolívar y cañón del Micay entran en juego minas de oro y otras 17 mil hectáreas de coca. “Aquí operan carteles enriquecidos que forman grupos de desestabilización regional”, advirtió el alto mando.

Las Fuerzas Militares responden con entrenamiento intensivo de unidades, fortalecimiento de bases mediante búnkeres y adquisición de detectores e inhibidores. Sin embargo, los costos representan un desafío: un equipo fijo de detección ronda los 400 millones de pesos, y radares de amplio alcance elevan la factura. Con 120 mil hombres desplegados en 3.000 pelotones en zonas críticas, la cobertura es limitada.

Indicó que aunque el presupuesto del Ejército es significativo, resulta insuficiente para equipar integralmente a todas las unidades. Sin estos sistemas, ingresar a zonas de alta beligerancia se complica. Aún así, las estrategias avanzan: capacitación constante, compra de tecnología y despliegue de las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) que se enmarcan dentro del plan 11.000.

El general Cardozo reconoció la diminución que ha habido en el pie de fuerza. Señaló que el útimo pico fue en 2014, cuando llegaron a tener hasta 240.000 soldados, desde esa fecha a 2023 se redujo en 74.400 efectivos, lo que impacta la operatividad. “Un Ejército fuerte se basa en pie de fuerza y tecnología; con más tecnología, se necesitan menos hombres, o viceversa”, explicó.

Sobre el reciente ataque en Aguachica, Cesar, señaló que fue sorpresivo e inesperado, dado que “esta es una zona de repliegue, no de combate; sabíamos de posibles ataques, pero no el sitio exacto, y los drones complican la anticipación”. Sobre el ELN, lo describió como guerrilla binacional Colombia-Venezuela, experta en alternar negociaciones con terrorismo en cada cambio de gobierno. “Mientras generen ingresos ilícitos, la paz les interesa poco”, afirmó, llamando a la integración institucional con Fiscalía y Policía Judicial para desarticular sus redes financieras.

Cardozo subrayó la lealtad institucional: “No hablamos con presidentes de otros países” esto en relación a las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, quien insinuó un acercamiento al Ejército colombiano para trabajar en conjunto contra las acciones de Estados Unidos.

“Nosotros cumplimos la Constitución y nuestro compromiso es con los colombianos. Invitamos a confiar en nuestros soldados, que lo entregan todo por el país”, sostuvo Cardozo.