La joven de 24 años que protagonizó uno de los escándalos judiciales más sonados del gobierno de Gustavo Petro, Juliana Guerrero, utilizó sus redes sociales para lanzar un emotivo mensaje dirigido a la nación. En el video, la excandidata a viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad confesó haber falsificado títulos académicos, aceptó la responsabilidad y, al mismo tiempo, denunció una serie de difamaciones que, según ella, han afectado a su familia.

El proceso, que culminó con una sentencia de tres años de prisión (excarcelables) tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se centró en el delito de fraude procesal. La investigación reveló que Guerrero había alterado documentos para presentarse como titular de los grados de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, con el objetivo de obtener el cargo de viceministra de las Juventudes. La falsificación se vinculó a la Fundación Universitaria San José, institución donde también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la fundación, por su participación en la expedición de los certificados.

Sentada en el salón de su casa, descalza y visiblemente afectada, Guerrero pidió perdón a Colombia y a sus seres queridos. “Me han llamado de todo en todos lados. Lo peor es que se metieron con mi familia”, afirmó, señalando que su madre había sido tachada de “comandante de un grupo ilegal”. La denunciante también recordó haber sido rotulada como “guerrillera” sin fundamento y criticó a varios congresistas que, según ella, explotaron su intimidad durante la campaña electoral.

En un tono firme, añadió: “No tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. Con esa frase buscó desmitificar los rumores que la vinculaban a supuestos favores sexuales para escalar en la política. “Resistí todas las calumnias que inventaron en mi contra, pero no soy de las que devuelven la misma moneda”, sostuvo.

El caso de Guerrero se convirtió en un símbolo de la polémica que ha rodeado al Ministerio de la Igualdad y a la gestión de Petro. La falsificación de títulos académicos para acceder a un puesto de alta jerarquía despertó críticas sobre la transparencia en los procesos de selección de funcionarios. Además, la implicación de la Fundación Universitaria San José generó un debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la verificación de la autenticidad de sus certificaciones.

Tras la condena, varios sectores políticos y sociales demandaron una revisión exhaustiva de los mecanismos de control interno en las entidades públicas. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, subrayaron la necesidad de proteger la salud mental de los involucrados, recordando que la presión mediática puede agravar el daño psicológico.

El presidente Gustavo Petro, a través de su oficina de prensa, manifestó “respeto por el proceso judicial y la aplicación de la ley”. Por otro lado, algunos legisladores que fueron mencionados en el video de Guerrero se abstuvieron de comentar, mientras que defensores de la joven aseguraron que la sentencia no debe eclipsar la presunción de inocencia respecto a las acusaciones contra su madre.

Juliana Guerrero concluyó su intervención diciendo que, a partir de ahora, enfocará sus esfuerzos en la recuperación emocional y en el acompañamiento de su familia. “Priorizaré la salud mental y seguiré adelante”, aseguró.

El caso sigue abierto a recursos legales y a posibles investigaciones adicionales sobre la cadena de falsificaciones. Mientras tanto, la historia de Guerrero continúa alimentando el debate nacional sobre la ética en la función pública y la responsabilidad de los medios al difundir información sensible.

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