A fin de garantizar la reincorporación efectiva de los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a la vida civil, la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado la eliminación de los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos guerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.

Según la JEP, estas 9.600 personas no están vinculadas a crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino que sus antecedentes obedecen únicamente al delito de haber pertenecido a un grupo insurgente como las extintas Farc.

“Estábamos teniendo incidentes con las salidas del país, aparecían sus antecedentes y tenían inconvenientes con autoridades de otros países. Tienen inconvenientes para bancarizar o formalizar su vida comercial y crediticia”, explicó la magistrada Diana Vega, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.

Ante esta situación, la JEP considera que debe materializarse plenamente la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos, ya que, hasta el momento, no todas han sido efectivas.

En consecuencia, la jurisdicción ha ordenado a entidades como Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de estos 9.600 exguerrilleros en un plazo de 30 días.

Una vez se materialice este proceso de amnistía, ninguna de estas personas tendrá registros negativos, lo que les permitirá acceder a una estabilidad laboral y financiera, facilitando su reincorporación a la sociedad civil.