La Justicia Especial para la Paz (JEP) se apresta a emitir las primeras condenas contra los exjefes máximos de las extintas FARC que reconocieron su responsabilidad en crímenes de secuestro y otros delitos relacionados con el cautiverio, tras más de siete años de investigación judicial.

El tribunal maneja un registro provisional de 21.396 víctimas de secuestro entre 1993 y 2016, de las cuales 4.325 se han acreditado formalmente ante la jurisdicción especial. Este proceso de acreditación resulta fundamental para el reconocimiento de derechos y la implementación de medidas reparativas.

La investigación abarca un período de 23 años durante el cual el secuestro se constituyó como una práctica sistemática del grupo guerrillero, afectando a miles de colombianos en diferentes regiones del territorio nacional.

Los comparecientes son los últimos dirigentes de las FARC que ejercieron el máximo liderazgo de la organización: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias el Médico; Jorge Torres Victoria, denominado Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, Joaquín Gómez; Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, también identificado como Ricardo Téllez.

Estos exjefes guerrilleros reconocieron su participación en los crímenes investigados y contribuyeron al esclarecimiento de la verdad dentro del marco del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición establecido en el Acuerdo de Paz.

La JEP aplicará sanciones de carácter restaurativo que incluyen restricción de la libertad pero sin reclusión en centros penitenciarios. Estas medidas se combinarán con trabajos de contenido reparador dirigidos específicamente al beneficio de las víctimas del conflicto armado.

Para los exintegrantes de las FARC, los primeros proyectos restaurativos se enfocarán en cuatro áreas prioritarias: desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación de la memoria histórica y recuperación ambiental de territorios afectados por la guerra.

El sistema establece diferencias en la duración de las sanciones según el nivel de responsabilidad. Los exjefes catalogados como “máximos responsables” recibirán sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, mientras que los demás comparecientes enfrentarán medidas de entre dos y cinco años.

Los comparecientes que opten por no reconocer su responsabilidad, pese a que la JEP cuente con evidencias en su contra, enfrentarán un proceso judicial diferente. En estos casos se desarrollarán juicios adversariales que pueden resultar en condenas de 15 a 20 años de prisión efectiva.

Esta alternativa busca mantener el equilibrio entre los incentivos para la contribución a la verdad y la garantía de que no habrá impunidad para los crímenes más graves del conflicto armado.

Con información de wradio