La Corte le ordenó al Ministerio de Agricultura liderar la adopción de medidas para proteger las semillas nativas y criollas de maíz de los pueblos indígenas de Colombia.

La Sala Segunda de Revisión estudió una acción de tutela presentada por el gobernador del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta y otras nueve
autoridades tradicionales en contra de los Ministerios de Agricultura, Ambiente e Interior, el Instituto Colombiano Agropecuario, los departamentos de Caldas, Cauca, Huila y Tolima, entre otros.

Los accionantes expresaron la amenaza de los derechos a la autodeterminación, a la identidad étnica y cultural, al ambiente sano, a la salud, al acceso a la información pública y a la participación efectiva, por la falta de medidas estatales dirigidas a proteger las semillas nativas y criollas de maíz en territorios indígenas, en especial, por evidencia científica que concluyó riesgos o efectos adversos producidos por
variedades genéticamente modificadas que se cultivan cerca o en sus territorios colectivos.

La Sala determinó, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, que al Estado colombiano le corresponde adelantar acciones efectivas para cumplir con un conjunto amplio de obligaciones nacionales e internacionales relacionadas con, de una parte, la protección de los conocimientos y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas respecto de su patrimonio genético, especialmente sobre sus semillas y, de otra, el control de los riesgos derivados de la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología.

La Sala reseñó que, en materia de alimentación y de protección a la biodiversidad y a la riqueza ambiental y cultural, resulta esencial que el Estado valore que los avances en la ciencia y en la biotecnología deben estar mediados por la investigación científica crítica y corresponder con las preocupaciones que demandan diferentes sectores de la sociedad.