En su más reciente informe, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha señalado un deterioro significativo en la situación humanitaria en Colombia durante 2024. El informe destaca el agravamiento de la violencia y el aumento de los hostigamientos y uso de armas de fuego, obligando a comunidades enteras a confinarse o desplazarse, lo cual afecta su acceso a bienes y servicios esenciales y restringe su movilidad.

El informe del CICR revela que la intensificación de los ocho conflictos armados en Colombia ha tenido graves consecuencias en los primeros cinco meses de 2024. Se ha observado un notable incremento en los confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades. Según cifras oficiales, 31,832 personas se han visto obligadas a confinarse, lo que representa un aumento del 101% en comparación con el mismo periodo de 2023. El departamento de Chocó ha sido especialmente afectado, registrando 13 eventos de confinamiento en lo que va del año, en contraste con los cinco eventos del año pasado.

El CICR ha registrado 194 víctimas de artefactos explosivos entre enero y mayo de 2024, un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. De estas víctimas, el 69% eran civiles, el porcentaje más alto registrado en los últimos seis años. Este aumento resalta la creciente amenaza que representan los explosivos para la población civil.

En cuanto al desplazamiento masivo, 26,753 personas se han desplazado en lo que va de 2024, representando un incremento del 49% en comparación con el año anterior. Nariño sigue siendo el departamento más afectado, aunque otras zonas como Bolívar han visto un aumento significativo en el número de eventos reportados. Además, se registraron 24,437 personas como desplazadas individuales, siendo Buenaventura la principal ciudad expulsora y Bogotá la principal ciudad receptora.

El fenómeno de la desaparición también persiste en 2024, con 78 casos documentados relacionados con los conflictos armados entre enero y mayo. La mayoría de estos casos se reportaron en los departamentos de Arauca y Cauca. Según el informe, estas problemáticas afectan de manera desproporcionada a las poblaciones históricamente más vulneradas, especialmente a las comunidades afro e indígenas. Más del 60% de las personas afectadas por confinamientos y desplazamientos masivos pertenecen a estas comunidades.

Los enfrentamientos y el uso de artefactos explosivos han causado daños significativos a espacios comunales, escuelas y viviendas, aumentando el riesgo y la presión sobre las comunidades afectadas. El CICR ha expresado su preocupación por el incumplimiento de las partes respecto a la obligación de proteger a la población civil y sus bienes, insistiendo en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario para mitigar las consecuencias.

A pesar de las mesas de diálogo vigentes y los pactos de cese al fuego, los enfrentamientos por el control territorial persisten y se recrudecen. El CICR subraya que la complejidad de la situación humanitaria en Colombia requiere una atención urgente y un compromiso firme por parte de todas las partes involucradas para proteger a las personas más vulnerables y garantizar su acceso a derechos fundamentales en medio de los conflictos armados.