Un video difundido en redes sociales ha desatado una ola de rechazo en Colombia por mostrar una escena de extrema violencia contra una menor indígena. Las imágenes, grabadas en la comunidad de Gito Dokabu, en el departamento de Risaralda, muestran a la joven colgada del techo, atada de las manos y siendo salvajemente azotada con tallos herbáceos por al menos dos hombres, hasta perder el conocimiento.

La grabación comienza con la menor atada y una mujer cubriéndole las piernas con una sábana. Segundos después, los agresores inician la golpiza, mientras la víctima llora y suplica que se detenga el castigo. Pese a que la sábana cae por la intensidad de los golpes, la agresión continúa sin pausa. Al final del video, un tercer hombre aparece y desata a la joven, que cae inconsciente al suelo. La mujer, lejos de brindarle ayuda, la arrastra hasta otra habitación mientras se escuchan gritos de dolor.

Frente a la crudeza del hecho, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama emitieron un comunicado en el que expresan su “profunda indignación” y exigen justicia para la víctima. Denunciaron que este acto representa una grave violación a los derechos humanos, y a los principios culturales y espirituales de los pueblos indígenas.

“¡Nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas!”, señalaron las organizaciones, instando a las autoridades tradicionales del territorio Gito Dokabu a iniciar una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre la autonomía de las comunidades indígenas y la protección de los derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. Diversas voces de la sociedad civil exigen que se garantice justicia intercultural, que respete la diversidad cultural pero que no tolere prácticas que atenten contra la integridad física y emocional de las personas.

Este hecho se suma a una preocupante lista de agresiones hacia mujeres indígenas en el país y pone nuevamente en el centro del debate la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente a la violencia de género en todos los territorios.