El Gobierno nacional ha tomado la decisión de transferir la elaboración de los pasaportes colombianos a la Imprenta Nacional, poniendo fin a la controversia que rodeaba el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons. Esta medida se enmarca en una estrategia que combina la participación pública y privada, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y pluralidad en el proceso.

El canciller (e) @LuisGMurillo explicó el proceso de expedición y entrega de pasaportes, con miras a lograr un mayor porcentaje de participación pública y mayor pluralidad de los proponentes en las licitaciones, en el nuevo esquema que implementará la Cancillería. pic.twitter.com/XUAmtAneqF

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 24, 2024

Según reveló el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotario se encuentran estructurando un “convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional” que entraría en vigencia a partir del año 2025. Este nuevo esquema contempla tres criterios fundamentales: mayor porcentaje de participación pública, mayor seguridad de la información y mayor pluralidad de los proponentes.

“Hay muy buenas experiencias, por ejemplo, en el trabajo prospectivo que hemos hecho y los contactos. El Gobierno austriaco tiene un esquema mixto de expedición de los pasaportes, donde es una alianza, sociedad, entre el Gobierno y un socio estratégico privado, y funciona muy bien. El Gobierno realmente no cede su función de velar por la protección de la información de sus ciudadanos y ciudadanas”, explicó Murillo durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.

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Esta decisión se produce después de que el Gobierno suspendiera la licitación para la producción de pasaportes, alegando la falta de libre competencia, ya que durante los últimos 17 años, la empresa Thomas Greg & Sons se ha encargado de este proceso de manera exclusiva. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de conciliación, la compañía anunció en diciembre de 2023 una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos, a pesar de que su contrato tenía una vigencia restante de tres años.

El presidente Gustavo Petro incluso acusó de “traición” al entonces secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons, lo que llevó a su destitución inmediata. El mandatario calificó el contrato como “corrupto” y cuestionó la monopolización de los datos privados en manos de una sola empresa privada.

Ante esta situación, el Gobierno había suspendido temporalmente la licitación mientras se revisaban más de 550 observaciones presentadas por las partes interesadas, en medio de una controversia que incluso llevó a la Procuraduría General a suspender del cargo por tres meses al canciller Álvaro Leyva.

Con la Imprenta Nacional asumiendo la producción de los pasaportes en alianza con un socio estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional, el Gobierno busca garantizar una mayor transparencia, seguridad y competitividad en el proceso.