El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) trasladó a siete menores de edad de la comunidad Emberá ubicada en el Parque Nacional, tras conocerse denuncias sobre consumo de alcohol durante celebraciones que incluían la participación de niños y adolescentes. Una menor fue hospitalizada por presunto estado de alicoramiento.

Desde el sábado 2 de agosto, personal del ICBF mantiene presencia permanente en el asentamiento tras recibir denuncias sobre una celebración donde menores de edad habrían consumido alcohol. La institución desplegó equipos especializados junto con la Policía de Infancia y Adolescencia para activar rutas de protección.

Los menores trasladados fueron llevados a un Centro de Emergencia para garantizar su cuidado, mientras que una adolescente en aparente estado de alicoramiento fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

El ICBF reforzó su presencia con la directora regional, el coordinador de protección, tres Defensorías de Familia —dos especializadas en asuntos étnicos—, tres Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) y dos Unidades Móviles.

Durante el fin de semana y las primeras horas del lunes, los funcionarios intentaron establecer diálogo con los líderes indígenas para abordar la situación. Sin embargo, los voceros de la comunidad han limitado el acceso al lugar donde se concentran las familias, impidiendo conversaciones directas.

La subsecretaria técnica de la Secretaría de Integración Social, Juliana Sánchez, describió la situación como “un contexto de alta complejidad” debido a las celebraciones acompañadas de “alto consumo de alcohol”. Según sus declaraciones, durante el fin de semana observaron algunos menores en estado de alicoramiento.

Sánchez explicó que intentaron que el ICBF verificara el cumplimiento de derechos, pero “la confrontación permanente y la agresividad de algunos miembros con nuestros equipos impidió que se hiciera un ejercicio pleno”.

El ICBF emitió un comunicado haciendo “un llamado respetuoso a la comunidad Emberá para que, en el marco de su autonomía y tradiciones, priorice la protección y el cuidado de niñas, niños y adolescentes”.

La institución enfatizó que garantizar la integridad física, emocional y cultural de los menores “es una responsabilidad compartida” y su bienestar “debe estar en el centro de cualquier diálogo o acción comunitaria”.

Para facilitar el diálogo, participaron la Consejera Mayor y Representante Legal Juliana Domico, junto con Gerardo Jumi, asesor de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (CONNPEC).

Estos representantes se acercaron al lugar para establecer una ruta de diálogo a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) con el Gobierno Nacional, mediado por el Ministerio del Interior, con el propósito de prevenir situaciones que vulneren los derechos de la niñez.

Los equipos móviles de protección del ICBF realizan rondas continuas para identificar posibles riesgos y brindar acompañamiento inmediato a la comunidad. La institución mantiene su presencia para atender cualquier eventualidad que comprometa la integridad de los menores.

El caso evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades para equilibrar el respeto a la autonomía cultural de las comunidades indígenas con la protección de los derechos fundamentales de la niñez, en el marco de la legislación colombiana y los principios de corresponsabilidad establecidos en la Constitución.

Con información de icbf y noticiasrcn