El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente el uso de menores de edad en actos violentos, tras el atentado ocurrido el 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

El senador del Centro Democrático resultó gravemente herido tras recibir impactos de bala en la cabeza durante un acto de campaña en el sector de Fontibón. Según información oficial, el atacante sería un adolescente de 14 años que fue capturado por las autoridades.

La entidad gubernamental calificó la participación de la niñez y adolescencia en hechos violentos como “una grave vulneración a sus derechos humanos” y enfatizó la necesidad de proteger a los menores contra toda forma de vulnerabilidad.

El ICBF informó que activó las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y acompaña tanto el proceso judicial como el restablecimiento de derechos del menor involucrado, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos.

El comunicado recuerda que, según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de protección especial reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia.

La institución hizo un llamado urgente a los medios de comunicación, creadores de contenido en redes sociales y plataformas digitales, así como a la sociedad en general, para que se abstengan de revelar cualquier dato que permita identificar al adolescente involucrado.

Esta solicitud se fundamenta en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe expresamente divulgar el nombre, imagen, filiación, domicilio o cualquier información que atente contra la intimidad, dignidad y seguridad de los menores.

El ICBF hizo un llamado urgente a todas las instituciones del Estado para reforzar las acciones de prevención frente al uso, utilización e instrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales o de violencia política.

La entidad calificó este fenómeno como “una vulneración grave y pluriofensiva” de los derechos fundamentales de los menores, subrayando la gravedad de involucrar a adolescentes en actos de violencia.

El Instituto reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, asegurando que tomará las medidas necesarias para garantizar que este caso sea tratado bajo los principios del interés superior de niños, niñas y adolescentes, la confidencialidad y la justicia restaurativa.