El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha revelado un decreto histórico que podría transformar el enfoque hacia los cultivos de uso ilícito. Este decreto propone la regulación de plantaciones de hoja de coca, cannabis y amapola con fines medicinales y científicos, marcando un hito significativo en la política antidrogas del país.

El documento, compuesto por 17 páginas y aún sujeto a correcciones y sanción presidencial, establece que las autorizaciones para estos cultivos se otorgarán a entidades públicas asociadas a miembros de la sociedad civil. Dichas autorizaciones podrían extenderse hasta por cinco años continuos, con la posibilidad de renovación mediante una solicitud simple.

Sin embargo, el decreto no permite un libre acceso a estas autorizaciones, ya que establece criterios rigurosos. Aquellos que busquen autorización deben contar con la participación de una entidad pública, que puede ser una alcaldía, gobernación, entidad nacional o cabildo. Además, se requiere la asociación con organizaciones campesinas o comunidades étnicas ubicadas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

El objetivo principal del Gobierno parece ser brindar apoyo a los pequeños cultivadores de hoja de coca, quienes históricamente han enfrentado persecución penal. La intención es transformar estas plantas vinculadas al narcotráfico en materias primas para productos legales, como pinturas, alimentos, cosméticos y fertilizantes.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que el decreto busca contribuir a procesos de reconversión económica y desarrollo rural con un enfoque de justicia social. Se pretende que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas en territorios afectados por el conflicto y el narcotráfico utilicen estas plantas para generar una industria lícita con el respaldo del Estado.

Además, se establecen estrictos controles de calidad para las licencias, asegurando que lleguen a las entidades y personas adecuadas. El proceso de autorización pasaría por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y el decreto propone la creación de un “Comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias del Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Este decreto podría representar un cambio significativo en la política de drogas de Colombia, enfocándose en la legalización controlada y en la transformación de estos cultivos ilícitos en recursos valiosos para la industria legal del país.