El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla ha revelado denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de venta de energía en la Hidroeléctrica de Urrá.

Según Bonilla, se habría identificado una concentración sospechosa de contratos, aparentemente otorgados sin criterios técnicos rigurosos, beneficiando a un grupo reducido de empresas. “La junta directiva de la hidroeléctrica desconocía estos detalles y la información nos llegó a través de una fuente anónima”, afirmó Bonilla, añadiendo que “se ha solicitado investigar y obtener información detallada sobre estas contrataciones”.

El valor de los contratos en cuestión podría superar los 1,4 billones de pesos, distribuidos entre diez empresas, dos de ellas ubicadas en Villapinzón, Cundinamarca. Esta revelación ha desatado una tormenta política dentro de la entidad, llevando a la junta directiva a solicitar el reemplazo del presidente de la hidroeléctrica.

“La situación llegó a tal extremo que el presidente de la hidroeléctrica presentó una tutela ante un juez”, reveló el ministro, “pero finalmente, la junta designó a un presidente encargado mientras se busca un reemplazo definitivo”.

Respecto a las especulaciones sobre la posible implicación del congresista Andrés Calle en estas actividades, Bonilla se mostró cauto: “No tengo conocimiento específico sobre su involucramiento, pero es evidente que la hidroeléctrica enfrenta un conflicto político interno significativo”.

Por otra parte, el ministro reveló el interés de Ecopetrol por adquirir la Hidroeléctrica de Urrá. Sin embargo, explicó que existen obstáculos legales: “La Ley 142 le impide comprar generadoras de energía porque ya posee a ISA, una compañía de transmisión. Si Ecopetrol desea proceder con esta adquisición, necesitará asociarse con otra entidad”.

Bonilla también abordó las preocupaciones sobre una posible nueva reforma tributaria, reconociendo las inquietudes de algunos economistas. “Entendemos que hay quienes creen que este no es el momento adecuado, pero es necesario fortalecer las finanzas del país”, argumentó. El Gobierno busca recaudar 12 billones de pesos adicionales, explorando alternativas como una sobretasa al petróleo y el carbón.

“Aunque los gastos de funcionamiento son altos y no se pueden reducir abruptamente debido a restricciones legales y constitucionales, es crucial encontrar formas de obtener más recursos para reactivar la economía colombiana en diversos sectores, sin comprometer el crecimiento económico a largo plazo”, concluyó el ministro.