El proyecto de resolución “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá” del Ministerio de Ambiente ha generado preocupación entre líderes gremiales, quienes advierten sobre graves consecuencias para el desarrollo de infraestructura y vivienda en la capital colombiana y municipios aledaños.

Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señaló que esta iniciativa podría paralizar importantes obras viales estratégicas para Bogotá. “Como bien lo ha planteado el alcalde Galán, la resolución estaría violando la autonomía territorial y en consecuencia un portafolio de obras estratégicas quedaría en el limbo”, indicó.

Entre los proyectos que estarían en riesgo, Caicedo mencionó las ampliaciones de la vía Suba-Cota, de la Autopista Norte y de la Carrera Séptima, considerados corredores neurálgicos para mejorar los accesos por el norte de la capital. También se verían afectadas la prolongación de la Avenida Boyacá, el Ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de La Calera, y los Regiotram del Norte y Occidente.

Por su parte, Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) advirtió que la resolución afectaría la construcción de aproximadamente 360.000 hogares, de los cuales 234.000 corresponden a beneficiarios de Vivienda de Interés Social (VIS). Además, señalaron que 60 planes parciales para construcción de vivienda quedarían comprometidos, con “efectos muy negativos en materia de empleo y actividad económica”.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, añadió que 600.000 familias quedarían con su casa en zona de humedal, 124.000 viviendas nuevas en proceso de licenciamiento estarían en vilo, y 323.000 personas perderían la inversión realizada en la compra de vivienda.

Herrera cuestionó el proceso de consulta establecido por el Gobierno: “Esto no puede ser una imposición por parte del Gobierno disfrazada de una consulta que en 14 días quiere resolver el futuro de las próximas décadas de ordenamiento de la región”.

El presidente de Camacol reveló que solicitaron “por lo menos en cuatro ocasiones, acercamientos al Ministerio de Ambiente” para discutir el tema, pero recibieron respuesta tardía, con una cita programada para el 13 de marzo, “un día antes de que se venza el plazo para hacer las observaciones al proyecto”.

Ante esta situación, el gremio solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para una vigilancia preventiva del proceso iniciado por el gobierno nacional.

Caicedo concluyó haciendo un llamado al Gobierno para que evalúe las consecuencias de la resolución: “Lo que está en juego es el progreso social y económico del distrito capital y la región”.

Con información de wradio y caracol radio