Las autoridades descubrieron varios puntos de explotación ilegal de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán. La actividad ilícita habría generado ganancias superiores a $1.200 millones mensuales y estaría relacionada con la contaminación de fuentes hídricas.

Un operativo contra la minería ilegal en inmediaciones del páramo de Santurbán, en Santander, permitió descubrir varios lugares utilizados para la extracción y procesamiento ilícito de oro, donde las autoridades incautaron explosivos, sustancias químicas, dinero en efectivo y material aurífero.

Las acciones, coordinadas por la Fiscalía General de la Nación, incluyeron ocho diligencias de allanamiento y registro en la vereda Angosturas, del municipio de California, y en plantas de procesamiento ubicadas en Suratá y Matanza. Durante los procedimientos no se registraron capturas.

Según la investigación, detrás de estas actividades estaría una organización criminal dedicada a extraer oro de manera ilegal dentro del área protegida de Santurbán, para posteriormente comercializarlo en establecimientos de Bucaramanga y Bogotá.

Explosivos, mercurio y cianuro entre los elementos incautados

Durante los operativos, las autoridades encontraron $92 millones en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas, además de importantes cantidades de sustancias utilizadas para el procesamiento del mineral.

Entre los elementos incautados se destacan 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, productos químicos altamente peligrosos por sus efectos sobre el medio ambiente y las fuentes de agua.

También fueron decomisados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores, materiales que presuntamente eran empleados en las actividades de explotación minera ilegal.

Investigan contaminación de fuentes hídricas

Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es el posible impacto ambiental de estas operaciones. Las autoridades estiman que la actividad ilegal habría generado ganancias superiores a $1.200 millones mensuales, mientras que el uso de sustancias tóxicas y la disposición inadecuada de residuos estarían relacionados con la contaminación de la quebrada La Baja y el río Suratá.

Los procedimientos fueron ejecutados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y del Ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo la legalización de los elementos incautados.

Aunque el operativo permitió afectar la infraestructura y los recursos presuntamente utilizados para la explotación ilegal de oro, la investigación continúa para identificar a los responsables y establecer su participación en los posibles delitos ambientales y actividades criminales.