A menos de 72 horas de las elecciones legislativas, los organismos de control en Colombia enfrentan una restricción sin precedentes: el Decreto 0188 de 2026 les prohíbe usar celulares, cámaras o dispositivos de grabación durante la jornada electoral. La medida, contenida en el artículo 14, afectaría la capacidad de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías y Fiscalía para documentar irregularidades, generando preocupación entre expertos y sectores políticos.

¿Qué dice el decreto?

El texto establece que estos organismos no podrán usar teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación. La norma aplica tanto a funcionarios asignados a la vigilancia electoral como a quienes deban cumplir funciones propias de sus competencias.

“No podrán usarse dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre los funcionarios del Ministerio Público, esto es de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, al igual que otros órganos de control o de la Fiscalía General de la Nación”, reza el decreto.

Críticas y alertas

La medida ha generado rechazo inmediato de los organismos afectados, quienes advierten que limitar su capacidad de documentación debilita la transparencia electoral. Tradicionalmente, estas entidades usan dispositivos móviles para reportar en tiempo real compras de votos, intimidación a electores o irregularidades en el conteo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habría prometido revisar el artículo, pero hasta ahora no se ha modificado. La demora ha encendido las alarmas, especialmente porque la restricción no aplica a los ciudadanos, sino exclusivamente a los organismos de control.

¿Por qué se prohíben los celulares?

Aunque la medida parece extrema, tiene un antecedente: evitar que los votantes tomen fotos de su tarjetón, práctica usada por compradores de votos para exigir pruebas de su compra. Sin embargo, los críticos señalan que la prohibición generalizada a los órganos de control es desproporcionada y podría obstaculizar la fiscalización.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Gobierno para corregir el decreto aumenta. Mientras tanto, los organismos de control evalúan alternativas para garantizar su labor, aunque reconocen que la medida limita su capacidad de acción.