El Gobierno Nacional anunció un nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos que busca reducir la dependencia económica de comunidades rurales de la coca. Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, explicó que las familias que se acojan a la erradicación recibirán 1.280.000 pesos mensuales durante un año, equivalentes al 90% de un salario mínimo legal vigente.

El plan contempla la titilación de tierras para quienes cambien permanentemente el uso de sus predios y acceso a créditos con periodos de gracia extendidos. “La economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito y es necesario un sustento que sustituya los ingresos de la hoja de coca”, señaló Miranda.

La iniciativa priorizará los municipios más afectados del Norte de Santander, como Tibú, que concentra el 52% de las siembras ilegales, además de El Tarra y Sardinata. En estas zonas, el Gobierno planea mejorar la infraestructura vía y logística para la comercialización de nuevos cultivos.

Según Miranda, ya hay más de 3.000 hectáreas comprometidas con la sustitución, y los primeros pagos a cultivadores se realizarán en los próximos días, una vez se disponga de los recursos asignados. La iniciativa cuenta con un presupuesto estimado en 362.000 millones de pesos y busca reducir la financiación de grupos armados ilegales en la región del Catatumbo.

Para evitar errores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en 2016, se impondrá un plazo para la erradicación de cultivos sembrados antes de la fecha de implementación. Cultivos nuevos serán objetivo de erradicación forzosa con apoyo de la Policía Nacional.

Miranda explicó que, si bien no es indispensable, un estado de conmoción interior facilitaría la asignación presupuestaria y medidas extraordinarias para combatir el problema en el Catatumbo. “Hoy en día, la principal fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales es el narcotráfico. Atacar la sustitución de cultivos es una forma de debilitar sus finanzas y recuperar el orden público”, afirmó.

Según la directora, este plan busca demostrar el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en un esfuerzo por evitar la pérdida de certificación por parte de Estados Unidos. “El glifosato no es una solución efectiva a largo plazo. Este programa representa un enfoque sostenible para reducir las hectáreas de coca”, concluyó Miranda.

Con información de wradio y caracol radio