El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que busca la formalización laboral de los docentes en las instituciones de educación superior (IES) del país. La medida tiene como objetivo eliminar progresivamente los contratos temporales o a término fijo en las universidades estatales y garantizar estabilidad laboral para profesores y personal administrativo.

De acuerdo con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se estima que aproximadamente 38.000 docentes se beneficiarán con esta política. La iniciativa permitirá que los trabajadores universitarios reciban condiciones similares a las de cualquier empleado del Estado, incluyendo los beneficios establecidos en el decreto 1279 de 2002.

Entre los principales cambios, los docentes de planta tendrán acceso a bonos por puntos, primas y otros incentivos del sistema de ascensos, lo que fortalecerá su estabilidad económica y profesional.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, destacó que esta medida es un paso fundamental para mejorar la calidad educativa en las universidades públicas. “No podemos hablar de calidad en la universidad pública sin dignidad para los docentes. Muchos tienen estudios de posgrado y actualmente enfrentan condiciones laborales precarias. Con este decreto, cumplimos nuestro compromiso con los trabajadores de la educación”, afirmó Rojas.

Autonomía universitaria y equidad laboral

El decreto establece que cada institución de educación superior deberá planificar estratégicamente la composición de su planta de personal en el marco de su autonomía. Sin embargo, el Gobierno enfatiza que esta planificación debe orientarse hacia la equidad y la justicia laboral.

“Respetamos plenamente la autonomía universitaria, pero invitamos a todas las instituciones a dar el paso hacia la dignificación laboral de sus docentes y administrativos. La calidad de la educación superior solo puede ser de excelencia si quienes la hacen posible cuentan con condiciones dignas, justas y estables”, puntualizó el ministro Rojas.

El decreto establece un plazo de 12 meses a partir de su expedición para que las instituciones de educación superior estructuren sus planes de formalización laboral. La implementación deberá cumplir con los siguientes hitos:

– Para el 21 de diciembre de 2026, cada universidad deberá haber formalizado al menos el 40% de los trabajadores contratados bajo este esquema.
– Para el 31 de diciembre de 2027, la formalización deberá alcanzar al menos el 80%.

Además, se estipula la participación obligatoria de los sindicatos en estos procesos y que la provisión de empleos de carrera se realice a través de concursos de mérito, garantizando así la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Con esta nueva normativa, el Gobierno busca transformar las condiciones laborales en la educación superior pública, promoviendo estabilidad y desarrollo profesional para miles de docentes y administrativos en el país.