El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo para 2026, luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el aumento del 23% establecido en el Decreto 1469 de 2025. La medida, que elevaba el ingreso mensual a $2 millones (incluyendo auxilio de transporte), quedó en suspenso mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por el Gobierno.

Reunión de concertación con empresarios y sindicatos

El Ministerio del Trabajo convocó a una reunión de concertación para este lunes 16 de febrero, donde se discutirá el decreto transitorio. El encuentro, programado a las 10:00 a.m. en la sede del Ministerio, reunirá a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Según el presidente Petro, el nuevo decreto “seguirá los mandatos constitucionales y mantendrá la orientación del salario vital”, en línea con el artículo 53 de la Carta Magna.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que el salario “debe ser vital y móvil”, y que se analizará su impacto en la inflación, el empleo y el déficit fiscal. “Estudiaremos la incidencia del alza de la tasa de interés en el aumento de precios y en la generación de empleo”, precisó.

Recurso de apelación y advertencia al sector empresarial

El Gobierno interpondrá un recurso de apelación contra la decisión del Consejo de Estado, mientras evalúa los pasos a seguir. El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que se analizará si el incremento del 23,7% se mantiene o se ajusta.

Petro advirtió que suspender el decreto “pone en riesgo la Constitución y el poder adquisitivo de los trabajadores”. Además, cuestionó al sector empresarial: “Deberán definir si avanzan hacia un pacto social o optan por un escenario de confrontación”.

Impacto económico y reacciones

La suspensión del decreto generó preocupación entre los sindicatos, que temen un retroceso en los derechos laborales. Por su parte, algunos gremios empresariales argumentan que el aumento del 23% podría afectar la competitividad y generar inflación.

El presidente insistió en que el salario vital es un mandato constitucional y que su ajuste debe garantizar “la dignidad de los trabajadores”. Mientras tanto, el Gobierno busca un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección social.

¿Qué sigue?

El Ejecutivo tiene ocho días para expedir el decreto transitorio, mientras el Consejo de Estado define la decisión definitiva. La reunión de este lunes será clave para definir el rumbo del salario mínimo en 2026.