Bogotá, 10 de agosto de 2026. El recién inaugurado gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado un explosivo “Libro de la verdad” que detalla los peores casos de corrupción ocurridos durante la administración del exmandatario Gustavo Petro. El documento, entregado a los máximos órganos de control del país, revela un escandaloso uso indebido de recursos públicos que habría puesto en jaque la gestión estatal.

Entre los casos más graves se encuentra la existencia de una “nómina paralela” compuesta por 900.000 contratos de prestación de servicios, calificados como “corbatas” por el propio De la Espriella. Esta práctica irregular representaría un pasivo contingente de más de 5 billones de pesos para el erario público.

Asimismo, el informe señala fallas graves en la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que registró una ejecución de apenas el 4,3% de sus recursos en 2026. La Contralizado no aprobó los estados financieros de la UNGRD por inconsistencias y falta de soportes por 1,29 billones de pesos.

Otro punto crítico es la desfinanciación del programa de subsidios Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026, dejando a cerca de 3 millones de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad. El gobierno Petro amplió el programa sin garantizar los recursos, basándose en una expectativa de cofinanciación que nunca se concretó.

En materia de defensa y seguridad, el informe alerta sobre un déficit presupuestal de 14 billones de pesos en el Ejército, inmovilización de aeronaves y un preocupante crecimiento de los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN durante el gobierno anterior.

Ante estos graves hallazgos, el gobierno de De la Espriella se compromete a tomar acciones contundentes para combatir la corrupción, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y fortalecer las instituciones del Estado. La ciudadanía espera que las autoridades competentes investiguen a fondo estas denuncias y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de estos actos de corrupción que afectan el desarrollo y bienestar del país.