El gobierno de transición liderado por el presidente Abelardo De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó este martes un informe detallado con 80 casos de presuntas irregularidades en la gestión del Estado durante el cuatrienio de Gustavo Petro. El documento, titulado “Libro de la Verdad”, fue presentado ante la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría, y revela desde contratos millonarios sin sustento hasta pérdida de recursos públicos por más de $1,38 billones.

Deuda pública y TES: un “golpe silencioso” a las finanzas nacionales

Uno de los hallazgos más críticos del informe se centra en el aumento del límite de adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) del 50% al 100%, con tasas de colocación que oscilaron entre el 13% y el 15%. Según Restrepo, estas decisiones sobrecargarán el presupuesto nacional en los próximos años, destinando una mayor proporción a deuda e intereses. “Es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, advirtió el vicepresidente, quien también identificó nueve patrones de mal manejo en políticas públicas, incluyendo colapso tecnológico y opacidad en la información.

Recursos perdidos y contratación cuestionada

El documento destaca el desvío de $856.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sin justificación de urgencia, y la pérdida de rastro de $1,38 billones. Además, se señala que de los $15,3 billones asignados a la entidad, solo se ejecutó el 4,3%. Entre los casos más llamativos:

• Reforma agraria: Se desembolsaron $979.003 millones para adquirir 537 predios, pero solo tres fueron titularizados.
• Planta desalinizadora de Santa Marta: Contrato por $786.000 millones con irregularidades en estudios técnicos y cambios al proyecto.
• Colombia Compra Eficiente: Proceso de $300.000 millones en ciberseguridad, pero con presupuesto de cero pesos en el Secop II.

Nómina paralela y subsidios sin cobertura

De la Espriella denunció la existencia de una “nómina paralela” de 900.000 órdenes de prestación de servicios, calificadas como “corbatas” por su alto costo para las finanzas públicas. También se cuestionó el agotamiento de recursos del programa Colombia Mayor en julio de 2026, pese a estar asignados para todo el año, y el pago de $140.000 millones a una sola empresa de servicios temporales en el Fondo para la Igualdad y la Equidad, sin justificación clara.

El equipo de De la Espriella solicitó medidas cautelares a la Procuraduría el 25 de julio, lo que llevó a la suspensión provisional del proceso de la planta desalinizadora. La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que el informe será evaluado con rigor técnico y jurídico, garantizando independencia en las investigaciones.

Mientras tanto, el procurador Gregorio Eljach confirmó que ya hay varias investigaciones en curso y que se abrirán los procesos necesarios. “Se actuará con transparencia y sin distinciones”, declaró.

El “Libro de la Verdad” no solo expone irregularidades administrativas, sino que plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión pública. Con denuncias que van desde contratos cuestionados hasta pérdida de recursos, el informe se convierte en un llamado a la rendición de cuentas antes de que termine el plazo para acciones legales.