La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el grupo armado liderado por alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento.

Durante su visita a Washington, Cortés entregó personalmente la documentación al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exponiendo la crítica situación que enfrenta la región, especialmente en materia de reclutamiento infantil.

Alertas tempranas en 18 municipios

La denuncia evidencia que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en 18 municipios del Meta, señalando los riesgos de “reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”. Un caso emblemático citado en el documento fue el rescate de una menor de 14 años, quien había sido trasladada forzosamente desde el Cauca hasta el Meta para integrar las filas del grupo armado.

“Estas prácticas no solo ponen en riesgo la vida de los menores involucrados, sino que vulneran otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a un nivel adecuado de vida y a la libertad”, señala la misiva presentada ante el organismo internacional.

La visita de la mandataria departamental a Estados Unidos incluyó reuniones estratégicas con el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En estos encuentros, la gobernadora abordó temas cruciales para el desarrollo regional, incluyendo proyectos de infraestructura en salud, educación, vías y agricultura. “Buscamos el apoyo de la comunidad internacional para consolidar la paz y reconstruir el tejido social, que ha sido devastado por décadas de conflicto armado”, expresó Cortés durante su visita diplomática.

La funcionaria enfatizó la importancia de que la CIDH tome acciones inmediatas sobre los hechos denunciados, especialmente considerando que estas violaciones son parte de un patrón más amplio de violencia que persiste en Colombia, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.