En una operación militar llevada a cabo en la madrugada del domingo 11 de octubre, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un nuevo bombardeo contra un campamento del Frente 33, una estructura vinculada a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, en el Catatumbo, Norte de Santander. Este ataque aéreo es el cuarto realizado durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella y el segundo en esta región fronteriza con Venezuela.

Según fuentes oficiales, el operativo fue ejecutado por las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional alrededor de la 1:00 de la madrugada, utilizando aviones Kfir y Super Tucano. El objetivo era un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc, organización que opera en el Catatumbo y está vinculada al ala comandada por alias ‘Calarcá’.

Tras el ataque aéreo, unidades militares ingresaron al área intervenida para verificar los efectos del bombardeo, inspeccionar las instalaciones de la estructura armada y establecer el número de posibles bajas, así como el material de guerra que pudiera encontrarse en el lugar. Aunque las primeras informaciones apuntan a varias bajas entre los integrantes del grupo armado, las autoridades todavía no han entregado un balance oficial sobre los resultados.

Este ataque se enmarca en la estrategia de seguridad del Gobierno nacional para aumentar la presión sobre las organizaciones armadas ilegales que mantienen presencia en distintas regiones del país. El Catatumbo es una región que atraviesa una prolongada emergencia humanitaria como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias, que han provocado el desplazamiento de más de 120.000 personas, el confinamiento de miles de habitantes y al menos 115 muertes.

La ofensiva ocurre en un contexto de fortalecimiento de las operaciones militares en zonas donde las disputas entre grupos ilegales han agravado las condiciones de seguridad de las comunidades. El Gobierno ha presentado la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad integrada por 1.200 militares destinada a reforzar las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.

La decisión judicial que permitió reanudar los bombardeos bajo mayores precauciones fue tomada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que levantó la medida cautelar que restringía este tipo de operaciones. Sin embargo, la decisión estableció la obligación de aplicar un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes en los objetivos militares.

Por ahora, el resultado del ataque contra el Frente 33 permanece sujeto a la verificación de las tropas desplegadas en el terreno. Se espera que las Fuerzas Militares entreguen un informe oficial que permita precisar el número de bajas, identificar a las personas afectadas y establecer el alcance del material incautado.