La fiscalía general de la Nación imputó cargos este jueves a ocho personas por su presunta participación en una organización criminal que habría defraudado recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Entre los imputados se encuentra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Durante la audiencia virtual realizada el 4 de junio, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, detalló cómo funcionaba la organización delictiva que tuvo como figuras centrales a Olmedo López y Sneyder Pinilla, anteriormente vinculados al caso.

Según la investigación fiscal, la red criminal operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, direccionando contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de sobornos. La organización habría tenido “vocación de permanencia” y se estructuró con una división específica del trabajo entre sus integrantes.

El epicentro de las irregularidades se concentró en el convenio entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), destinado a atender la problemática de desabastecimiento de agua en La Guajira mediante la adquisición de plantas desalinizadoras, carrotanques, tanques, molinos y pozos, por un valor total de $98.392 millones.

Entre octubre de 2023 y febrero de 2024, la organización habría direccionado seis procesos de contratación por $83.000 millones, correspondientes a carrotanques pequeños, plantas desalinizadoras, pozos subterráneos y sus interventorías, además de un contrato de topografía.

La fiscal Patiño explicó que los funcionarios públicos de la UNGRD, junto con particulares y contratistas, consolidaron una estructura criminal que direccionaba contratos hacia empresarios dispuestos a pagar coimas por su adjudicación. El esquema incluía “múltiples falsedades documentales públicas y privadas” para viabilizar los desembolsos y apropiarse de recursos estatales.

La organización habría hecho “prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general de la comunidad”, desarrollando cada integrante un rol específico e indispensable para alcanzar los objetivos delictivos.

Los imputados y sus delitos

César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

Édgar Riveros Rey, abogado y empresario, fue imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, enfrentan los mismos cargos que Riveros Rey.

Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, de la Corporación Mixta Yapurutú, fueron imputados por interés indebido en contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, enfrentan cargos por lavado de activos.

Fiscalía solicitará detención preventiva

La Fiscalía anunció que solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los implicados, considerando que su permanencia en libertad representa un riesgo para el desarrollo del proceso judicial.

 

 

Con información de wradio