El CTI de la Fiscalía General de la Nación detuvo este lunes 18 de noviembre a David Emilio Mosquera Valencia, exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), por presuntas irregularidades en un contrato de $1.550 millones destinado a la implementación de tecnología didáctica en las aulas.

La orden de captura, emitida por el Juzgado 101 penal municipal con funciones de control de Garantías Ambulante de Quibdó, se fundamenta en tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El Ministerio de Educación, a través de sus redes sociales, manifestó su preocupación: “A pesar de los esfuerzos del Gobierno del Cambio para aumentar los recursos destinados a la UTCH y garantizar su estabilidad, varias irregularidades y denuncias dejaron vulnerable la educación de la juventud chocoana”.

La investigación revela que el contrato, firmado en 2021, presentó anomalías en su proceso de adjudicación, aparentemente favoreciendo a uno de los oferentes. Esta situación provocó que el Ministerio de Educación implementara una vigilancia especial durante 2023, período en el cual se detectó que Mosquera obstaculizó medidas cruciales como la creación de una fiducia para el manejo de recursos.

En mayo de 2024, durante una entrevista con W Radio, Mosquera había defendido su gestión: “El proyecto como tal tiene un acápite fuerte que es la construcción del centro […] Hoy, si miramos la obra, por informes que hay de actas de interventoría, estamos hablando de una ejecución de un 18%”.

A pesar de haber sido removido temporalmente de su cargo en 2024, Mosquera logró su reintegro mediante una demanda ante el Juzgado de Quibdó el 2 de septiembre. Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta culminar en su captura.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, fue enfático al señalar que “no vamos a permitir que las universidades públicas se conviertan en fortín de la corrupción, de los clanes políticos regionales”. La cartera ministerial ha reiterado su compromiso de apoyar todas las investigaciones relacionadas con este caso para salvaguardar los recursos destinados a la educación pública.