El Fondo de la Solidaridad con el Poder Judicial (Fasol) presentó una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgar medidas cautelares que protejan los derechos fundamentales de la juez Sandra Liliana Heredia, quien emitió la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal.

La organización gremial denunció que la magistrada ha sido víctima de una “arremetida intimidante” caracterizada por mensajes de odio alimentados por la polarización política del país. Según el documento presentado, esta situación puede materializar las amenazas recibidas por diferentes medios, con el objetivo de “amordazar a la justicia” para evitar la investigación y sanción de conductas punibles cometidas por figuras políticas prominentes.

Fasol destacó que las decisiones judiciales deben respetarse y, en caso de cuestionamientos, estos deben canalizarse a través de los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico, no mediante ataques mediáticos o en redes sociales.

La organización reveló cifras preocupantes sobre la violencia contra el poder judicial en Colombia, señalando que cada nueve días durante los últimos tres años se han registrado ataques contra jueces, fiscales y empleados del sistema judicial. Estos episodios han resultado en 1.487 casos de asesinato, desaparición forzada, secuestro y exilio.

El Fasol denunció una “andanada de desprestigio y difamación” contra la juez Heredia, incluyendo la formulación de “epítetos inaceptables” que la califican como aliada de la insurgencia armada. La organización subrayó que estos ataques ignoran que la decisión condenatoria se tomó “en el contexto de un largo proceso penal abundante en garantías”.

La entidad enfatizó que, aunque las críticas a las decisiones judiciales no atentan contra la democracia, se convierten en conductas peligrosas cuando se desnaturalizan y emplean mensajes de odio, especialmente considerando el cargo y la naturaleza de la sentencia contra el expresidente.

En su solicitud, Fasol requirió a la CIDH la protección de los derechos de la juez Heredia y su familia, incluyendo garantías para la vida, integridad, libertad personal, buen nombre y libre ejercicio de la profesión.

Adicionalmente, la organización instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes para preservar la integridad de la magistrada y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar la denuncia presentada por la juez, en la cual relaciona los hechos de hostigamiento y amenazas recibidas.

El documento subraya la necesidad de cesar los ataques mediáticos y en redes sociales dirigidos a amenazar la independencia judicial, los cuales han sido promovidos por “declaraciones altisonantes del procesado, sus familiares y partidarios políticos”.

Fasol reiteró que la violencia contra el poder judicial continúa siendo una realidad en Colombia, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los funcionarios judiciales, sino también el funcionamiento del sistema de justicia en el país.

Con información de asuntos legales