El expresidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones legales contra la revista Semana y el empresario Gabriel Gilinski, luego de la publicación de un reportaje que vincula a su exesposa, Verónica Alcocer, con presuntas irregularidades en el uso de aeronaves oficiales. A través de un pronunciamiento público, el exmandatario calificó las denuncias de «canallada» y desmintió los señalamientos que involucran a su entorno familiar en actividades ilícitas.

De acuerdo con Petro, la vía judicial incluirá dos frentes: una demanda interpuesta por sus hijas contra el propietario del medio por afectaciones morales, y una acción penal directa contra Gilinski por presunta calumnia. El líder político argumentó que las afirmaciones divulgadas carecen de sustento probatorio independiente y responden a una campaña de desprestigio.

Rechazo a las acusaciones de Eva Ferrer

El origen de la controversia radica en las declaraciones concedidas a Semana por Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua colaboradora cercana de Alcocer. En sus declaraciones, Ferrer mencionó supuestos vuelos no autorizados hacia Venezuela, movilización irregular de dinero en efectivo y presuntos vínculos con redes ilícitas.

Frente a esto, Petro cuestionó la credibilidad de la testigo y sostuvo que sus versiones corresponden a testimonios de oídas sin respaldo documental o judicial. Asimismo, indicó contar con material en video que desvirtuaría las acusaciones difundidas por la publicación. Hasta el momento, las afirmaciones de Ferrer no constituyen hechos probados ante la justicia.

Tensión por investigaciones a la Fuerza Pública

La controversia escaló al plano institucional tras la orden del actual presidente, Abelardo de la Espriella, de abrir indagaciones formales a través de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y organismos de contrainteligencia para esclarecer la bitácora de los vuelos oficiales durante el anterior mandato.

Petro rechazó estas medidas y defendió a los oficiales encargados de la seguridad de su familia, advirtiendo que las pesquisas podrían derivar en una persecución injustificada contra uniformados que solo cumplían con su labor constitucional de protección presidencial.

Con el anuncio de estas acciones judiciales, el caso entra en una nueva fase de confrontación legal y política, a la espera de que las autoridades competentes determinen la veracidad de los testimonios y la validez de los recursos que presentará la defensa de la familia Petro.