El jurista Fabio Humar, representante legal del ciudadano estadounidense falsamente acusado de abuso de menores, anunció que iniciará acciones legales contra la Nación tras el trino del presidente Gustavo Petro que lo calificó de “pedófilo estadounidense”. La acusación, que se difundió en redes sociales antes de que la Fiscalía y el laboratorio de Medicina Legal confirmaran la inocencia del norteamericano, ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la responsabilidad patrimonial del Estado.

La acusación y la respuesta del presidente

El 12 de marzo, el presidente Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que vinculaba al extranjero con la “ultraderecha” y lo describía como “pedófilo”. El tuit, que fue borrado días después, fue seguido por comentarios de varios funcionarios y ciudadanos que replicaron la acusación. En una entrevista con la revista Semana, Humar calificó la intervención del mandatario como “lamentable” y denunció que el presidente “utilizó su plataforma para juzgar a una persona sin pruebas”.

El presidente, en una conferencia de prensa el 15 de marzo, se retractó y admitió que los informes de Medicina Legal mostraban que el norteamericano no había abusado de los menores. Sin embargo, la reputación del ciudadano se vio gravemente dañada, y su abogado ya está evaluando todas las vías jurídicas para reparar el daño.

El caso de la adopción y la falsa acusación

El incidente que originó la falsa acusación ocurrió en un apartamento al norte de Bogotá, donde el ciudadano acusado falsamente y su esposa, Jane Smith, estaban en proceso de adopción de tres hermanos. Un vecino grabó un video en el que se mostraba a Doe intentando calmar a un niño de 7 años que había tenido un ataque de ira por una disputa con sus hermanos. El video fue compartido en redes y fue interpretado por algunos como evidencia de abuso.

Las pruebas forenses de Medicina Legal, realizadas el 10 de marzo, confirmaron que no hubo agresión ni acto abusivo contra el menor. El laboratorio también indicó que la conducta de estadounidense fue una reacción normal ante la situación de la adopción, sin indicios de malicia.

Posibles demandas y repercusiones

Humar anunció que su cliente considerará una demanda por responsabilidad patrimonial contra la Nación, argumentando que el presidente, al publicar la acusación sin pruebas, vulneró la presunción de inocencia y causó un daño moral y económico. Además, se evaluará la posibilidad de demandar a los funcionarios y a los usuarios de redes que replicaron el mensaje original, con el fin de reparar la reputación.

El caso también plantea interrogantes sobre la regulación de las redes sociales y la responsabilidad de los funcionarios públicos al emitir declaraciones públicas. La Fiscalía Nacional, por su parte, ha señalado que la investigación sigue en curso y que se están revisando los protocolos de difusión de información en redes oficiales.

Reacción de la comunidad y de las autoridades

La comunidad jurídica ha expresado su preocupación por la rapidez con la que se difundieron las acusaciones sin verificar los hechos. El Ministerio de Justicia ha prometido revisar los procedimientos internos para evitar que se repitan situaciones similares. Por su parte, la Organización de Derechos Humanos ha instado a las autoridades a respetar la presunción de inocencia y a garantizar que las acusaciones públicas se basen en pruebas sólidas.