El Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad internacional en el magnicidio del líder político Carlos Pizarro Leongómez, durante una histórica audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado reconoce su responsabilidad por las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal”, declaró César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Las investigaciones revelaron que “agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia”, añadió.

El crimen, perpetrado el 26 de abril de 1990 durante un vuelo Bogotá-Barranquilla cuando Pizarro era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, habría sido orquestado por Carlos Castaño con la complicidad de funcionarios estatales.

María José Pizarro, hija del líder asesinado y actual congresista, criticó duramente la lentitud de las investigaciones. “Me tocó hacer lo que la justicia no ha hecho en 34 años. Me arrebataron a mi padre, la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia”, manifestó ante la CIDH.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas analizan los términos del reconocimiento estatal para evaluar un posible acuerdo de solución amistosa y reparación, mientras la Fiscalía mantiene su compromiso de esclarecer los detalles pendientes del caso, pese a que varios testigos clave han fallecido durante las más de tres décadas de investigación.