La condena de Juliana Guerrero, quien aceptó haber presentado títulos académicos falsos de Contaduría Pública y Gestión Contable, podría ser solo la primera ficha de un entramado mayor. La senadora Jennifer Pedraza reveló que las investigaciones apuntan a “centenares de títulos emitidos de manera irregular” por la Universidad San José, y pidió a las autoridades determinar si se trata de una práctica sistemática. El escándalo, que ya llevó a Guerrero a un preacuerdo de 36 meses de prisión, reabre el debate sobre la calidad y control en la educación superior colombiana.

Guerrero, quien hasta el último día del gobierno de Gustavo Petro se desempeñó como delegada del entonces presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Según la Fiscalía, obtuvo los títulos sin cumplir requisitos como la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT ni la asistencia a clases. La condena, resultado de un preacuerdo, incluye además una multa de 100 salarios mínimos y 2,5 años de inhabilitación para cargos públicos.

Sin embargo, la senadora Pedraza, quien asegura haber investigado el caso durante más de un año, considera que el alcance es mucho mayor. En sus indagaciones, encontró referencias a cientos de títulos expedidos por la Universidad San José sin los debidos controles. “Esto es la punta del iceberg”, afirmó Pedraza en su cuenta de X, donde calificó a Guerrero como “una delincuente” y celebró la condena, aunque la consideró baja frente a la gravedad de los hechos.

La congresista también cuestionó que, pese a las denuncias previas, Guerrero permaneciera en su cargo oficial. Ahora, el foco se traslada a la propia institución educativa. En noviembre de 2025, el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar contra la Universidad San José por presuntas anomalías en la entrega de títulos. El expediente incluye a directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales.

Para Pedraza, la pregunta central es si las irregularidades de Guerrero son un hecho aislado o forman parte de una red organizada. “Durante el gobierno anterior no se profundizó en la posibilidad de que estas prácticas fueran sistemáticas”, señaló, instando a la Fiscalía y al Ministerio de Educación a ampliar la pesquisa.

Mientras la condena de Juliana Guerrero se consolida, el caso abre una rendija para que las autoridades esclarezcan si la Universidad San José operó como un verdadero “cartel de títulos”. De momento, cualquier responsabilidad adicional deberá probarse con las evidencias que surjan de las investigaciones en curso. Lo que ya está sobre la mesa es la credibilidad de un sistema educativo que, según la senadora, toleró durante años la expedición de diplomas sin rigor académico. La pregunta queda en el aire: ¿cuántos títulos falsos circulan aún con el sello de la Universidad San José?