Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, llegó a un acuerdo de reparación económica con Recaudo Bogotá S.A.S. por los daños causados al sistema TransMilenio durante las protestas del 2019, luego de que la justicia le negara el beneficio de prisión domiciliaria. La empresaria consignó $7.478.185, suma que cubre el valor reclamado por esta entidad no cubierto por la póliza de seguros.

Recaudo Bogotá confirmó, mediante un comunicado fechado el 20 de mayo, que con este pago se considera “económicamente reparada en su integridad” por los perjuicios sufridos, los cuales incluían el lucro cesante y el deducible de la póliza. A este monto se suman $50 millones adicionales que Barrera pagó directamente a la aseguradora Chubb Seguros, para un total de más de $57 millones en concepto de indemnizaciones.

No obstante, el proceso legal aún no concluye. La empresa TransMilenio mantiene en curso una solicitud de indemnización por $467 millones por daños que no fueron incluidos en los acuerdos anteriores. Esta suma representa la mayor exigencia económica contra Barrera dentro del caso de reparación.

La influencer y empresaria fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del servicio público de transporte. Por estos hechos, también enfrenta consecuencias económicas que han derivado en múltiples pagos a diferentes entidades afectadas.

El juzgado que negó la prisión domiciliaria argumentó que Barrera no cumplía con uno de los requisitos clave de la ley: que el delito se hubiera cometido en un contexto de marginalidad o vulnerabilidad. Según la decisión judicial, “es una persona integrada y con reconocimiento por la sociedad”, lo que desestimó las alegaciones sobre falta de educación o recursos como factores que explicaran su conducta.

Ante esta decisión, el abogado defensor expresó su desacuerdo y anunció la presentación de un recurso de apelación con el fin de revertir la medida y obtener el beneficio de reclusión domiciliaria para su cliente.

Mientras se resuelve el recurso y se avanza en el proceso judicial, Epa Colombia continúa enfrentando tanto consecuencias penales como responsabilidades económicas por su participación en los actos vandálicos contra el sistema de transporte masivo de Bogotá.