Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, enfrenta una nueva ola de polémica, esta vez desde el interior del centro carcelario donde cumple su condena en Bogotá. Lejos de los tribunales, son ahora los informes internos los que la colocan nuevamente bajo la lupa: conflictos de convivencia, ruido excesivo, discusiones con funcionarios y la presencia de objetos no autorizados son algunos de los señalamientos que han generado tensión en su entorno carcelario.

Según un documento interno filtrado, entre finales de 2025 y principios de 2026 se han registrado múltiples incidentes atribuidos a la influencer. Uno de los más graves involucra un presunto enfrentamiento verbal con un funcionario del centro, desencadenado por desacuerdos sobre las normas de visitas. El altercado, que generó un clima de tensión, obligó a la intervención de supervisores y fue registrado como un evento que requiere seguimiento disciplinario.

Las tensiones no se limitan al personal. Fuentes internas revelan que Epa Colombia ha tenido reiteradas discusiones con otras mujeres privadas de la libertad. En al menos un caso, fue necesaria la intervención del equipo de vigilancia para evitar una escalada de violencia dentro del área que comparte con otra interna. Aunque no se han revelado los motivos exactos del conflicto, el informe destaca la recurrencia de diferencias personales que afectan la convivencia.

Otro punto crítico es el manejo del ruido. Varias internas han presentado quejas formales por el volumen elevado de música en el espacio asignado a Barrera Rojas, lo que, según denuncian, altera el orden y la tranquilidad del pabellón. Ante la falta de respuesta inicial, un superior tuvo que intervenir para mediar y restablecer las normas de convivencia.

Además, ha surgido una preocupante sospecha: la presencia de objetos no permitidos en su celda. Aunque no se especifica la naturaleza de estos elementos, el hecho desató una serie de revisiones por parte de las autoridades del centro. El hallazgo, o incluso la mera sospecha, ha alimentado rumores sobre trato diferencial o privilegios indebidos, lo que ha profundizado el malestar entre las demás reclusas.

“Hay una percepción clara de que no se aplican las mismas reglas para todos”, señaló una fuente cercana al centro, bajo condición de anonimato. Esta sensación de inequidad ha generado un ambiente de desconfianza que las autoridades carcelarias intentan contener.

Hasta el momento, ninguna entidad oficial ha emitido un comunicado formal sobre los hechos. Tampoco se ha confirmado si se han abierto procesos disciplinarios internos. Sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre el control de seguridad, la equidad en el trato y la gestión de figuras públicas dentro del sistema penitenciario.

Mientras tanto, Epa Colombia continúa cumpliendo su condena por delitos relacionados con encubrimiento y asociación ilícita. Su equipo jurídico, según fuentes cercanas, estaría evaluando nuevas estrategias dentro del marco legal, aunque por ahora no se han presentado solicitudes de traslado ni de beneficios especiales.

Este nuevo capítulo en la historia de la exinfluencer pone en evidencia los desafíos que enfrentan los centros de reclusión cuando albergan personas con alto perfil mediático. ¿Se aplican las mismas normas a todos? ¿Cómo se equilibra la seguridad con la convivencia? Son preguntas que, más allá del caso específico, exigen respuestas institucionales claras.

Con más de 3.2 millones de seguidores en Instagram, el nombre de Epa Colombia sigue generando impacto, incluso tras las rejas. Pero ahora, no es su contenido lo que domina las conversaciones, sino el eco de sus actos dentro de una prisión que, cada día, parece más inestable.