En vísperas de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha lanzado una serie de anuncios que apuntan a introducir cambios significativos en las entidades responsables de ejecutar ese acuerdo. De la Espriella ha asegurado que la Presidencia se convertirá en “un centro de coordinación ejecutiva” y ha propuesto eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar unos 10.000 millones de pesos.

Una de las reestructuraciones más destacadas es la sustitución del Alto Comisionado para la Paz por una Consejería de Seguridad. Esta medida ha generado críticas y preocupaciones entre expertos y defensores de la paz, quienes argumentan que podría comprometer el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las víctimas, los implicados y la comunidad internacional.

La directora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, advierte que sustituir la consejería de paz por una de seguridad podría no solo duplicar funciones con el Ministerio de Defensa, sino también comprometer el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Bonilla destaca que la “paz con legalidad” y la “paz total” han combinado el uso legítimo de la fuerza con procesos de negociación, lo que ha arrojado resultados positivos en seguridad entre 2018 y 2019.

Sin embargo, el artículo 189 de la Constitución otorga al presidente la facultad de suprimir o fusionar entidades administrativas nacionales y de modificar la estructura de ministerios. De la Espriella podría trasladar funciones de las consejerías, pero su facultad no es absoluta y debe respetar la ley y la Constitución.

La crítica a Rodrigo Londoño y la posible persecución

De la Espriella ha reiterado sus críticas contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Comunes y último jefe del secretariado de las Farc. El presidente electo ha asegurado que Londoño debería estar en prisión y ha anunciado que trabajará para lograrlo. Sin embargo, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, ha pedido a la Fiscalía investigar a De la Espriella por sus señalamientos contra Londoño y ha solicitado a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo.

La JEP y su blindaje constitucional

A diferencia de las consejerías, la JEP no es una dependencia de la Presidencia que pueda reorganizarse por decreto administrativo. Es un tribunal con blindaje constitucional propio, anclado en el Acto Legislativo 01 de 2017. Eliminarla exigiría necesariamente una reforma constitucional que levante ese blindaje, algo mucho más lento y políticamente costoso que un decreto.

En resumen, el plan de De la Espriella para reformar la implementación del Acuerdo de Paz ha generado críticas y preocupaciones entre expertos y defensores de la paz. La posible eliminación de consejerías y la persecución a Rodrigo Londoño han sido objeto de debate y análisis. La JEP, con su blindaje constitucional, se mantiene como un elemento clave en la implementación del Acuerdo de Paz.