El Gobierno colombiano adjudicó un millonario contrato a una consultora del Reino Unido con apenas dos empleados y un patrimonio limitado, en medio de la crisis diplomática por las sanciones de EE.UU. al presidente Gustavo Petro.

El Gobierno de Colombia ha encargado a una microempresa británica de apenas dos trabajadores una misión de alto impacto: liderar la estrategia jurídica internacional para sacar al presidente Gustavo Petro de la lista de sanciones de Estados Unidos conocida como la “Lista Clinton”. La consultora elegida, Amadeus Consultancy, recibirá cerca de 10.000 millones de pesos (2,7 millones de dólares) en solo 112 días, una cifra que triplica más de 35 veces su patrimonio declarado.

El contrato, firmado el 9 de enero por la Presidencia de la República a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), busca “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”, según los documentos oficiales. Sin embargo, llama la atención que, en lugar de recurrir a prestigiosos bufetes de Washington D.C. con experiencia en sanciones internacionales, el Ejecutivo optara por una firma con escasa presencia pública y una estructura mínima.

Según registros del Companies House, el registro mercantil del Reino Unido, Amadeus Consultancy fue fundada en 2017 y se especializa formalmente en gestión empresarial, no en derecho. A pesar de ello, su sitio web destaca experiencia en casos jurídicos complejos, incluyendo la defensa de un “enviado especial de Venezuela” detenido con destino a Irán —una descripción que coincide con el caso del colombo-venezolano Álex Saab, figura clave en las relaciones entre Caracas y Teherán.

La empresa opera desde una oficina modular en un polígono industrial del noroeste de Inglaterra y es propiedad de Maryna Pogibko, una abogada de 43 años de origen ucraniano y nacionalidad británica. El contrato fue firmado también por Daniel Kovalik, un abogado estadounidense conocido por su activismo internacional, quien meses antes había afirmado que defendería a Petro sin cobrar honorarios. No obstante, es la empresa —no los individuos— la que percibirá el pago.

Datos financieros revelan una caída drástica en el patrimonio de Amadeus Consultancy: de más de 578.000 libras esterlinas en 2021 a apenas 56.723 libras en marzo de 2025, según sus últimos estados contables. Aun así, el contrato con Colombia representa una inyección masiva de recursos, equivalente a casi 35 veces su capital actual.

Las autoridades colombianas justificaron el monto por la “alta complejidad técnica, jurídica y estratégica” del encargo, así como por el riesgo de daño reputacional y económico que implicaría una gestión inadecuada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), que incluyó a Petro en su listado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta la fecha, no se ha publicado un análisis detallado sobre cómo se determinó el valor del contrato, ni por qué se seleccionó específicamente a esta firma. Tampoco hay claridad sobre los entregables concretos que deberá presentar Amadeus Consultancy al final de los 112 días de vigencia del acuerdo.

La decisión ha generado cuestionamientos en sectores políticos y expertos en derecho internacional. “Contratar a una empresa con tan poca trayectoria formal en derecho sanciona el proceso de transparencia y genera desconfianza”, señaló una fuente del ámbito jurídico que pidió anonimato.

Mientras tanto, la Presidencia mantiene silencio sobre los avances del caso. El objetivo sigue siendo claro: revertir una medida que ha afectado las relaciones bilaterales y generado tensiones en la política interna. Pero ahora, la estrategia elegida para lograrlo también está bajo escrutinio.