El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló que el Estado colombiano ha tenido que asumir el 95,53% de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, a pesar de que la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, establecía que estos pagos debían realizarse principalmente con los bienes entregados por los victimarios.

Durante un foro conmemorativo por los 20 años de esta legislación, el Contralor presentó un estudio que evidencia que, aunque existen 3.755 bienes incautados valorados en 24,37 billones de pesos (a precios constantes de 2024), apenas el 1,22% ha sido efectivamente monetizado para la reparación de las víctimas.

“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación para cubrir la diferencia”, precisó Rodríguez Becerra.

Inversión de 17,7 billones en el sistema

El informe de la Contraloría revela que entre 2005 y junio de 2024, el Estado colombiano ha destinado más de 17,7 billones de pesos para el funcionamiento del sistema de Justicia y Paz, incluyendo la reparación a víctimas, investigación penal, judicialización y reintegración de desmovilizados.

El 86,52% de estos recursos fueron ejecutados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), seguido por la Fiscalía General de la Nación (11%), la Rama Judicial (2,05%), el Ministerio de Justicia (0,24%) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (0,19%).

Resultados limitados en judicialización y reparación

De las 5.079 personas postuladas originalmente a la Ley de Justicia y Paz —principalmente excombatientes de las AUC (86,9%)—, actualmente solo permanecen activas 1.507, equivalentes al 30%. El 64% de los postulados fueron excluidos del proceso, principalmente por no ratificación (82,49%).

En cuanto a los resultados judiciales, de los 260.198 hechos delictivos mencionados en las versiones libres, apenas 15.236 (11,85% de los imputados) han resultado en condenas. Estas sentencias han reconocido a 40.450 víctimas, lo que representa solo el 15,8% de las 256.379 víctimas relacionadas en las imputaciones.

Entre 2012 y junio de 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas realizó 48.131 pagos de indemnización por órdenes judiciales, beneficiando a 29.862 víctimas por valor de 1,11 billones de pesos. Sin embargo, el 95,53% de estos pagos se realizaron con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Bienes entregados por los postulados

El estudio también revela que, de los 15.177 bienes vinculados al proceso, apenas el 10,5% fueron ofrecidos voluntariamente por los postulados y un 1,71% se entregaron durante la desmovilización. La gran mayoría, el 63,71%, fueron investigados de oficio por la Fiscalía General de la Nación.

Ante esta situación, el Contralor insistió en que los bienes entregados para la reparación de las víctimas por los exparamilitares, y en general todos los bienes objeto de extinción de dominio en el marco de Justicia y Paz, deben cumplir la función de resarcir el daño causado a los colombianos.

 

 

Con información de contraloría