El Ejército Nacional admitió este domingo que 36 militares, entre ellos tres oficiales de alto rango, participaron en la liberación de un presunto narcotraficante en el Cauca, un operativo ordenado por el general Federico Mejía, actual jefe de Educación y Doctrina de la institución. La confirmación llega tras una orden judicial que obligó a la institución a revelar información previamente clasificada como reservada.

Según documentos obtenidos por Semana, el general Mejía —quien en ese momento lideraba el Comando Específico del Cauca— firmó órdenes para liberar al detenido, quien portaba 4,5 kilos de pasta base de cocaína cuando fue capturado por tropas antinarcóticos en una zona crítica del conflicto armado. El caso, que involucra a un coronel, un teniente coronel y un mayor, ha reavivado las críticas contra la cúpula militar en medio de un escrutinio sin precedentes por presuntos vínculos con economías ilegales.

Un fallo judicial desclasifica el caso

El Tribunal Administrativo del Cauca, con sede en Popayán, determinó que el Ejército no justificó la reserva de la información, al no demostrar un “daño presente, probable y específico” que justificara su ocultamiento. El fallo, que obliga a la institución a entregar los documentos, subraya que se trataba de información pública, accesible incluso para periodistas que la solicitaran.

“El Ejército no acreditó que la información tuviera carácter reservado ni que su divulgación afectara intereses superiores”, señaló la corporación judicial en su decisión. Este precedente podría abrir la puerta a más solicitudes de transparencia en casos similares, especialmente en un contexto donde la Fiscalía investiga a Mejía por concertación para delinquir, peculado y abuso de autoridad.

El general Mejía en la mira

El oficial, cuya carrera incluye mandos en zonas de alta influencia de grupos armados y narcotráfico, enfrenta ahora múltiples indagaciones por su papel en este y otros episodios polémicos. Su nombre se suma a una lista de generales bajo escrutinio, en un momento de transición en la cúpula militar con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El caso del Cauca no es aislado. En las últimas semanas, varios altos mandos han sido cuestionados por presuntos nexos con estructuras criminales, lo que ha generado un debate sobre la infiltración de las FFAA por parte de grupos ilegales. Analistas señalan que estos escándalos podrían afectar la credibilidad de las instituciones de seguridad en un país donde el narcotráfico sigue siendo una de las mayores amenazas.

Reacciones y consecuencias

Mientras el Ejército no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallo, fuentes internas confirmaron a Semana que el caso será remitido a los órganos disciplinarios correspondientes. Por su parte, organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente y exhaustiva, dado el patrón de impunidad en casos similares.

Este episodio ocurre en un contexto de reforma a las Fuerzas Militares, impulsada por el nuevo gobierno, que busca modernizar la institución y cortar lazos con actividades ilícitas. Sin embargo, casos como este demuestran los desafíos que persisten en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de las filas.

Con información de Semana y el Tribunal Administrativo del Cauca.