El exfiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, se perfila como el próximo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, según informaciones que circulan en medios de comunicación. Su nombramiento se produciría tras la renuncia irrevocable de Ángela María Buitrago, quien abandonó el cargo denunciando intentos de injerencia externa en sus funciones.

Buitrago presentó su renuncia el 12 de abril de 2025, aunque se conoció públicamente el 15 de mayo. La exministra denunció en su carta de dimisión que se habían realizado “intentos de injerencia” en el Ministerio de Justicia, manifestando que sus “actuaciones no dependen de influencias ni amenazas”.

El gobierno aceptó oficialmente la renuncia mediante el decreto 0529 de 2025, designando como ministro encargado al secretario Jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo. La salida se hizo efectiva el primero de junio.

El presidente Petro posteriormente aclaró desde China que no se trató de una renuncia espontánea, sino que él le solicitó a Buitrago que dejara el cargo debido a diferencias con políticas fundamentales de su gobierno, particularmente relacionadas con el sistema carcelario y la política de paz.

Perfil de Eduardo Montealegre

Nacido en Ibagué, Montealegre es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Complementó su formación con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Bonn y en Derecho Constitucional en la Universidad de Erlangen, ambas instituciones alemanas.

Su trayectoria en la rama judicial incluye diversos cargos: comenzó como sustanciador de despacho, posteriormente fue juez de instrucción criminal, juez penal municipal y conjuez de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca. Entre 1997 y 2001 se desempeñó como viceprocurador General de la Nación, cargo que antecedió a su nombramiento como magistrado de la Corte Constitucional hasta 2004.

El punto más alto de su carrera judicial llegó el 22 de marzo de 2012, cuando fue elegido como séptimo Fiscal General de la Nación, posición que ocupó hasta marzo de 2016. Durante su gestión se enfocó en la teoría de la autoría mediata aplicada a grupos criminales organizados y propuso ampliar la desmonopolización de la acción penal.

Cercanía con el gobierno actual

Montealegre ha mantenido una relación estrecha con la administración Petro. Según reportes de medios, ha obtenido contratos por más de 840 millones de pesos con entidades del gobierno actual. Además, en los últimos días ha respaldado públicamente la intención del presidente de convocar una consulta popular mediante decreto, tras el hundimiento de la propuesta en el Congreso.

El exfiscal confirmó recientemente que la decisión presidencial de convocar la consulta popular por decreto está tomada, mecanismo que se enfocaría en impulsar reformas laborales. Esta posición ha generado controversia, considerando que algunos sectores cuestionan la legalidad de tal procedimiento.