Nariño, Colombia — Un video difundido por Semana ha encendido las alarmas en Colombia tras mostrar cómo integrantes de las disidencias de las FARC, específicamente de la estructura Franco Benavides, ingresaron de manera arbitraria a una escuela rural en Nariño bajo la fachada de una labor social. Las imágenes, que circulan en redes sociales, revelan a combatientes armados interactuando directamente con estudiantes, entregando kits escolares y pronunciando discursos que buscan legitimar la lucha armada.

El material, grabado en una institución educativa de zona rural, ha generado indignación nacional, pues viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que protege las escuelas como “territorios de paz” y prohíbe su uso con fines militares, reclutamiento forzado o ataques. Según la UNICEF, en Colombia es “imperativo garantizar que los niños y niñas asistan sin temores a sus colegios”, un principio que estas incursiones ponen en riesgo.

Adoctrinamiento bajo cobertura educativa

Las grabaciones muestran a los disidentes entregando útiles escolares y elementos pedagógicos a menores, mientras pronuncian mensajes que, según analistas, buscan normalizar la violencia. Expertos en conflicto armado señalan que este tipo de estrategias son comunes en zonas donde grupos armados buscan reclutar o influir en comunidades vulnerables.

El Gobierno Nacional ha condenado estos actos, pero la falta de protección en territorios como Nariño sigue siendo un punto crítico. “Las escuelas deben ser espacios seguros, no campos de batalla”, declaró una fuente del Ministerio de Educación, quien recordó que Colombia ha suscrito tratados internacionales para proteger a la infancia en contextos de conflicto.

Así es como las disidencias del frente Franco Benavides ingresan a escuelas en Nariño para adoctrinar a niños y luego reclutarlos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gjiSWCO20Z

— Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

Nariño: epicentro de violencia contra menores

La situación se agrava con otro incidente registrado este lunes: cuatro niños de entre 2 y 6 años resultaron gravemente heridos al caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, según informó el Ejército Nacional. Los menores ingresaron a un área con explosivos, presuntamente colocados por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano, que actualmente negocia la paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Los menores fueron trasladados de urgencia a Tumaco y luego al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada. Este caso se suma a una preocupante tendencia: según Human Rights Watch, Colombia registró 122 víctimas de minas antipersona en 2023, muchas de ellas menores.

Respuesta estatal y desafíos pendientes

Ante la escalada de violencia, el Gobierno Petro ha prometido reforzar la seguridad en zonas rurales, pero analistas advierten que la presencia de grupos armados y la falta de Estado en regiones como Nariño dificultan una solución rápida.

“Estos hechos demuestran que, pese a los diálogos de paz, la violencia persiste y afecta directamente a los más vulnerables”, declaró un experto en conflicto armado. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluyendo la UNICEF, ha instado a Colombia a cumplir con sus obligaciones bajo el DIH y proteger a la infancia.