El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha sacado a la luz un contrato millonario de 31.600 millones de pesos firmado durante la anterior administración. Este contrato se suma al escándalo de los sobrecostos en la compra de carrotanques en La Guajira, destapando así una serie de irregularidades durante la gestión pasada.

El contrato, que tenía como objetivo la adquisición de 20 camiones de bomberos, fue firmado por Olmedo López, exdirector de la entidad. Sin embargo, tras ser expuesto por Carrillo, el contratista Roger Alexander Pastas, representante legal de Impoamericana, la empresa contratista implicada en el escándalo que provocó la renuncia de López, decidió desistir del contrato apenas un día después de ser revelado.

Este nuevo contrato millonario se suma al polémico acuerdo de 46.800 millones de pesos para la compra de carrotanques de agua en La Guajira. La situación deja en evidencia las irregularidades que tuvieron lugar durante la gestión de López en la UNGRD.

Según la empresa, el desistimiento se debe a que los tiempos de entrega establecidos no son suficientes para cumplir con la entrega oportuna de los vehículos. Carrillo anunció que bajo su dirección, la UNGRD hará públicos todos sus procesos de contratación y reveló la existencia de una nueva orden de proveeduría firmada por Olmedo López y Sneyder Pinilla para adquirir los 20 carros de bomberos por 31.600 millones.

La orden detalla la necesidad de adquirir vehículos tipo carro bomberos bullfire de 4.300 GL con bomba didekick de 250 GPM para atender la situación de desastre nacional declarado mediante decreto 2113 de 2022 y sus modificatorios.

La Contraloría también ha expresado su preocupación, señalando que el objeto social de la empresa adjudicataria, Impoamericana Roger SAS, está relacionado con elementos de ferretería y no incluye la venta de carrotanques, lo que aumenta la sospecha sobre la legitimidad del contrato.

Este nuevo escándalo de corrupción sacude nuevamente a la UNGRD. La renuncia del contratista involucrado sugiere una posible implicación en prácticas irregulares, lo que podría desencadenar una investigación más profunda sobre este caso.