El Clan del Golfo estaría imponiendo un “impuesto” a la cosecha de café en el Norte de Antioquia, según denuncias de caficultores de Toledo y San Andrés de Cuerquia. El grupo armado, identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estaría exigiendo cuotas a los productores y comerciantes que mueven el café desde las fincas hasta los puntos de compra.

Las denuncias describen dos modalidades de cobro: entregar una carga de café por cada diez producidas, o pagar hasta el 16% de los ingresos por la venta del grano. Las exigencias también alcanzarían a comerciantes y transportadores que mueven el café desde las fincas hasta los puntos de compra.

Aunque una reunión programada en los últimos días no se realizó por la presencia de tropas del Ejército en la zona, persiste el temor de los campesinos a que las citaciones se reanuden. Los caficultores piden más presencia de la fuerza pública y una intervención efectiva de las autoridades.

Esta no sería la primera vez que se reportan cobros en el municipio. En febrero de 2026, cerca de 20 ganaderos y comerciantes habrían sido citados bajo amenazas en la vereda Helechales, de Toledo, para comunicarles un aumento de las cuotas. Según lo divulgado entonces, pedían 200.000 pesos mensuales a quienes tenían más de 50 reses, y entre 100.000 y 150.000 a quienes tenían hatos más pequeños, en efectivo y en los primeros cinco días de cada mes.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, dijo entonces que ninguno de los asistentes había presentado denuncia formal ante la Fiscalía, y lo relacionó con el miedo a represalias. El gobernador, Andrés Julián Rendón, encabezó un consejo de seguridad en Toledo, pidió medidas judiciales más contundentes y recordó las recompensas de hasta 500 millones de pesos por cabecillas de estructuras criminales en el Norte.

En octubre de 2025 hubo otras denuncias también. Presidentes de juntas de acción comunal del Norte contaron que integrantes del Clan del Golfo les pedían datos detallados de fincas, propietarios y trabajadores, como nombres, identificaciones, teléfonos, fotos e información sobre la producción de café que tenían.

Un estudio del Politécnico Grancolombiano encontró que la tasa de extorsión en municipios cafeteros pasó de unos 13 casos por cada 100.000 habitantes en 2014 a 19,6 en 2022. Los autores advierten que las cifras salen de denuncias registradas y que el miedo a represalias puede dejar casos por fuera. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ha calificado el fenómeno de “terrorismo económico contra la ruralidad”.