Una grave denuncia de acoso sexual y abuso de autoridad ha sacudido a Barranquilla, luego de que manifestantes del comité No al Peaje acusaran a agentes de la Policía Metropolitana de cometer tocamientos indebidos durante un operativo en el peaje Papiros.

Karol Solís, docente de la Universidad del Norte y líder de las protestas que se han extendido por más de 12 días, fue una de las principales afectadas. Según su testimonio, sufrió acoso sexual y tocamientos por parte de agentes policiales durante un intento de traslado a un CAI. “Las patrulleras hicieron uso ilegítimo de la fuerza. Estoy rasguñada y violentada en mi derecho constitucional”, declaró Solís, evidenciando la gravedad de la situación.

🚨Grave denuncia de @KarolSolisMenco, manifestante en el peaje Papiros, sobre abuso de la @PoliciaColombia.

Pongan la cara, gobernador @veranodelarosa y alcalde @Pliniocg.

No se escondan más, el pueblo les exige que aparezcan y respondan por este injustificado y vil atropello. pic.twitter.com/KZyjd5xCEG

— #UnCaféPorBarranquilla (@UnCafePorQuilla) September 16, 2024

La protesta se desarrollaba en la vía que conecta Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia, donde los manifestantes se oponían a la reactivación del cobro en el peaje Papiros. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en un enfrentamiento con las autoridades.

En respuesta a estas acusaciones, la Policía Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado defendiendo la actuación de sus agentes. Argumentaron que las acciones se llevaron a cabo “luego de agotar los recursos de diálogo y mediación”, y que fue necesario “la utilización de los medios constitucionales de la Policía para cumplir la resolución del Ministerio de Transporte”.

#URGENTE. Nos envían desde peaje Los Papiros imágenes en las que se observan golpes que habrían los manifestantes por parte del ESMAD. La joven @KarolSolisMenco, quien siempre ha estado al frente de la protesta pacífica, fue una de las más afectadas por la violencia del ESMAD 😡 https://t.co/YIMcq0qIR3 pic.twitter.com/ywfmT6WSaP

— Colombia Oscura (@OscuraColombia) September 16, 2024

La institución policial justificó el traslado de una manifestante citando el artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, que se refiere al incumplimiento y desacato de órdenes policiales. Además, afirmaron ser “respetuosos y garantes de los derechos de los ciudadanos”, asegurando que todas sus actuaciones fueron coordinadas en el marco de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia de autoridades administrativas.

La comunidad local y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y, de ser necesario, sancionar a los responsables.