El Ministerio de Salud interpuso una demanda judicial sin precedentes contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado, acusándolas de incumplir con el cálculo y constitución de las reservas técnicas, recursos financieros destinados a garantizar la prestación de los servicios de salud.

La cartera ministerial argumenta que dichas EPS, según el último informe de la Superintendencia Nacional de Salud con corte a septiembre de 2023, no están cumpliendo la obligación de calcular y mantener unas reservas técnicas suficientes para poder responder de manera adecuada ante sus responsabilidades con los más de 20 millones de afiliados al régimen subsidiado.

Ante esta demanda judicial sin precedentes en la historia del sistema de salud colombiano, el gremio Gestarsalud manifestó que se encuentran aún revisando los detalles con su equipo jurídico antes de pronunciarse formalmente. Por ahora, califican la acción como “inédita”, generando una fuerte tensión entre el Gobierno y las EPS.

Cabe recordar que, en los últimos meses, Gestarsalud le había planteado al Ministerio de Salud algunas propuestas para encontrar soluciones conjuntas a los complejos problemas financieros que enfrenta el régimen subsidiado, que presta servicios a la población más vulnerable del país. No obstante, el gremio afirma que dichas propuestas no fueron consideradas por la cartera ministerial.

Las reservas técnicas son recursos financieros que las EPS del régimen subsidiado están obligadas a calcular y mantener para cubrir los servicios de salud futuros de sus afiliados, teniendo en cuenta factores de riesgo como la proyección de demanda de servicios, los costos médicos y las fluctuaciones en la utilización.

Su cálculo deficiente o insuficiente puede terminar afectando gravemente la prestación de los servicios de salud a los millones de colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad. El Ministerio sostiene que este incumplimiento está poniendo en riesgo el acceso efectivo y oportuno a la salud.

Por ahora, el gremio prefiere reservarse su posición frente a la acción legal interpuesta por el Gobierno hasta tanto revisen a fondo el caso con sus asesores legales. La tensión entre las partes continúa latente.