La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la crítica situación humanitaria que atraviesa el departamento de Guaviare, en medio de la disputa territorial entre las disidencias de las FARC de las líneas de Mordisco y Calarcá.

Según el comunicado, estos enfrentamientos, que ya habían sido advertidos a través de la Alerta Temprana 01 de 2025, han derivado en desapariciones, confinamientos masivos, restricciones de movilidad, paros armados e impactos severos por inundaciones recientes.

En respuesta a las denuncias de desapariciones, la Fiscal General de la Nación ordenó agilizar las acciones necesarias para recuperar los cuerpos de personas que permanecen desaparecidas desde abril. La medida busca apoyar las investigaciones en coordinación con la Fuerza Pública.

Por otra parte, la Defensoría informó que, a petición de las autoridades locales, se hizo un llamado directo a los grupos armados que mantienen presencia en el territorio para permitir corredores humanitarios. El objetivo es facilitar el ingreso de ayuda y aliviar las condiciones de la población civil afectada por la violencia y las emergencias climáticas.

Pese a que la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunciaron el envío de alimentos, bienes y servicios básicos, la Defensoría advirtió que la asistencia aún no ha llegado a las comunidades confinadas y damnificadas.

El pronunciamiento también resaltó la situación crítica que viven los pueblos indígenas Nükak y Jiw, en riesgo de extinción física y cultural debido al desplazamiento forzado y la violencia. La entidad alertó sobre los graves casos de violencia de género que enfrentan mujeres y niñas de estas comunidades, así como amenazas persistentes que continúan sin respuesta efectiva.

La Defensoría del Pueblo informó que mantiene consultas permanentes con la Fiscalía General, autoridades nacionales y territoriales para definir medidas urgentes de protección y acciones estructurales que garanticen los derechos de estas poblaciones.

El organismo enfatizó que estas problemáticas están bajo seguimiento directo de la Corte Constitucional, dada su gravedad y el impacto sostenido sobre comunidades rurales e indígenas.

La entidad concluyó su llamado exhortando a todos los actores armados y entidades responsables a permitir el acceso inmediato de la ayuda humanitaria y adoptar medidas de protección integral para las víctimas.