La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 ante los graves riesgos de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el Valle del Cauca. El documento advierte sobre un escenario crítico por la presencia simultánea y posible confrontación de varios grupos armados ilegales.

Según el organismo, en esta zona confluyen estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación. Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han desatado un patrón de violencia marcado por enfrentamientos, homicidios selectivos y la instalación de artefactos explosivos en áreas pobladas.

Riesgos para comunidades e instituciones educativas

La Defensoría señaló que la presencia de estos actores incrementa el peligro de desplazamientos masivos, confinamientos y graves afectaciones a comunidades indígenas, campesinas y urbanas. Además, se alertó sobre el impacto en entornos educativos, donde podrían registrarse cierres de escuelas y reclutamiento forzado de menores en zonas rurales.

Las mujeres campesinas, líderes sociales y jóvenes también enfrentan amenazas específicas como violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de los grupos armados.

En Riofrío, los riesgos alcanzan a su cabecera municipal y dos corregimientos; en Bolívar a nueve corregimientos y un resguardo indígena; mientras que en Trujillo la alerta cobija a diez corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.

Recomendaciones al Estado colombiano

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló un conjunto de recomendaciones al Estado, organizadas en seis ejes principales. En primer lugar, instó al Ministerio del Interior a liderar una coordinación interinstitucional inmediata a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de implementar un plan de acción integral con plazos definidos y seguimiento verificable.

En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, especialmente en corredores estratégicos y cabeceras urbanas donde se han presentado hechos violentos.

También se subrayó la necesidad de medidas de prevención y protección diferencial para pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, comunidad educativa, mujeres rurales y líderes sociales. La Unidad para las Víctimas, por su parte, debe ampliar su capacidad de respuesta humanitaria mediante planes de contingencia actualizados en coordinación con autoridades locales.

En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la Nación fue llamada a priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de explosivos, desplegando equipos móviles con enfoque en derechos humanos y género.