La Defensoría del Pueblo presentó su concepto técnico sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025 ante el Congreso de la República, documento que establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley. La iniciativa busca crear reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana.

El proyecto legislativo propone un marco jurídico sólido para la investigación, juzgamiento y eventual tránsito a la legalidad de miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).

La Defensoría reconoció aspectos positivos de la propuesta, incluyendo la incorporación de responsabilidad penal para financiadores y colaboradores denominados “terceros”, la articulación de medidas judiciales y extrajudiciales de verdad como requisito para acceder a beneficios, y la aplicación de un enfoque de investigación macrocriminal para determinar responsabilidades de máximos responsables.

Entre las principales preocupaciones expresadas por la entidad defensorial se encuentra la necesidad de garantizar la participación efectiva de las víctimas en el proceso legislativo. La Defensoría exigió convocar audiencias regionales y adelantar consulta previa con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

“La legitimidad de este proyecto dependerá tanto de su contenido como de la participación efectiva de las víctimas, quienes deben estar en el centro de la discusión”, señaló la institución.

El concepto técnico advirtió sobre la ausencia de definiciones claras respecto a la reparación colectiva e individual, especialmente para víctimas de criminalidad organizada que actualmente carecen de un programa de reparación administrativa. La entidad subrayó que la mayoría de víctimas del conflicto armado y la criminalidad organizada no tienen certeza sobre cuándo serán reparadas.

Riesgos de beneficios a reincidentes

La Defensoría expresó su preocupación por el otorgamiento de beneficios penales a personas que, habiendo accedido previamente a mecanismos de justicia transicional, reincidieron en la violencia. Para estos casos, la entidad considera que únicamente serían constitucionales los mecanismos de sometimiento a la justicia, evitando incentivos perversos que beneficien a quienes incumplieron acuerdos de paz anteriores.

Excarcelación sin condiciones suficientes

Otro punto crítico identificado es el riesgo de excarcelación sin cumplimiento de condiciones de aporte a la verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición. La propuesta permitiría libertad condicional por haber estado privado de libertad durante cinco años, sin evaluación judicial del riesgo para la comunidad, fuga o reincidencia.

La institución defensorial enfatizó que la protesta social constituye un derecho fundamental y no debe equipararse con asuntos de crimen organizado. Aunque consideró conveniente regular conductas delictivas derivadas del exceso en el ejercicio de este derecho, advirtió que debe tramitarse en un cuerpo normativo distinto, específico y autónomo.

Capacidad institucional y recursos

La Defensoría alertó sobre la falta de asignación de recursos para fortalecer las capacidades institucionales necesarias, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, jueces penales especiales, el ICBF, el sistema penitenciario y la defensa pública. Esta situación genera riesgos de colapso en los procesos.

Balance entre beneficios y derechos

La entidad hizo un llamado para que cualquier decisión legislativa equilibre los beneficios otorgados a los responsables con los derechos de las comunidades afectadas por la violencia, priorizando la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición como pilares fundamentales del proceso.