La Defensoría del Pueblo reveló que durante el primer semestre de 2024, se registraron 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), destacando que el 51% de estos casos afecta a comunidades indígenas.

El departamento del Cauca emerge como el epicentro de esta problemática, concentrando 125 de los casos reportados, lo que representa el 79% del total nacional. Esta situación ha llevado a la Defensoría a hacer un llamado urgente tanto a los grupos armados ilegales como a las autoridades estatales.

“Les hacemos un llamado a las estructuras armadas al margen de la ley: no continúen, bajo ningún pretexto, reclutando niñas, niños y adolescentes y dejen por fuera de sus prácticas de guerra a toda la población civil”, expresó la entidad en su informe.

El panorama se torna aún más complejo debido al alto subregistro, causado por el temor de las víctimas y sus familias a denunciar, ante posibles represalias como desplazamiento, amenazas e incluso homicidios por parte de los grupos armados.

La distribución por género muestra que el 67% de los casos afecta a varones, mientras que el 33% involucra a niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la pertenencia étnica, además del 51% de indígenas, un 31% corresponde a menores sin afiliación étnica específica, un 5% a comunidades afrocolombianas y un 13% carece de información detallada.

Los principales responsables de estos actos, según el informe, son las facciones disidentes de las FARC y el EPL, que acumulan el 78% de los reportes. Le siguen grupos no determinados con un 16%, el ELN con un 4% y grupos post-desmovilización de las antiguas AUC con un 2%.

Ante esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha instado al gobierno a implementar políticas públicas de prevención más robustas y a establecer equipos de acción inmediata capaces de activar rutas de protección oportunas.

“Es necesario que las instituciones del Estado tomen medidas efectivas de protección para NNA, afectados por tan aberrante práctica, la cual no solo es violatoria de los DD. HH., también infringe el derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario”, enfatizó la entidad.

Esta situación no solo representa una grave violación a los derechos humanos de los menores, sino que también contraviene el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo el futuro de cientos de niños y adolescentes colombianos. La urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado y el cese inmediato de estas prácticas por los grupos armados ilegales se hace cada vez más evidente en el complejo panorama del conflicto colombiano.