El caso de violencia física contra una menor del pueblo indígena Emberá en Risaralda ha desatado una profunda preocupación nacional. Las imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a la niña siendo golpeada brutalmente mientras está colgada del techo, generaron un contundente pronunciamiento por parte de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien llamó la atención sobre la necesidad de priorizar el interés superior de la niñez sobre cualquier práctica cultural.

“El hecho no es un caso aislado ni excepcional. Es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa a la niñez y a las mujeres en todas las culturas, territorios y sociedades”, declaró Marín Ortiz. En su intervención, la funcionaria rechazó enfáticamente lo ocurrido, y subrayó que ninguna tradición, costumbre ni forma de justicia propia puede estar por encima de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con información suministrada por el ICBF y confirmada por la Defensoría del Pueblo, la menor se encuentra estable, sin fracturas internas, y bajo atención especializada. También se aclaró que la agresión no se dio en el marco de una sanción de justicia indígena, sino en su entorno familiar. Sin embargo, esto no disminuye la gravedad del hecho.

La defensora recalcó que este episodio debe servir para reflexionar y actuar: “La autonomía de los pueblos indígenas no puede ser utilizada para amparar violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a no utilizar este doloroso hecho para fomentar discursos racistas o de discriminación étnica”, puntualizó.

Marín Ortiz también expuso datos alarmantes sobre la violencia contra la niñez en Colombia. Entre 2019 y 2024, Medicina Legal registró más de 115.000 exámenes por delitos contra menores, de los cuales un 13% corresponde a víctimas de comunidades étnicas. En la mayoría de los casos, el agresor fue un familiar y el 78% de los hechos ocurrieron dentro del hogar. Además, se practicaron más de 42.000 valoraciones por violencia intrafamiliar contra menores de edad, siendo las niñas las más afectadas.

Frente a estos indicadores, la Defensoría del Pueblo insistió en que el país debe fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente a la violencia de género, especialmente en contextos rurales e indígenas. A su vez, instó a las autoridades a proteger a las comunidades y garantizar una justicia intercultural que no tolere ningún tipo de agresión.

El caso ocurrido en la comunidad de Gito Dokabu, donde la menor fue golpeada con tallos herbáceos por al menos dos hombres mientras una mujer cubría la escena, ha motivado a organizaciones indígenas y sociales a exigir sanciones para los responsables. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama también se pronunciaron, rechazando lo ocurrido como una violación a los principios culturales y espirituales de los pueblos originarios.