La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó sus reparos al fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que declaró culpables a los antiguos jefes del secretariado de las FARC por al menos 21.396 secuestros cometidos durante el conflicto armado.

Aunque reconoció que se trata de un hecho histórico, al ser la primera vez que los máximos responsables de esa organización responden ante la justicia por este crimen de lesa humanidad, advirtió que la sentencia enfrenta desafíos en su implementación, especialmente en lo referente al tipo de sanciones impuestas.

La JEP estableció que los excomandantes de las FARC cumplirán sanciones restaurativas, enfocadas en la reparación de las víctimas, la protección del medioambiente y la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, varios sectores han señalado que el fallo carece de un componente de privación de la libertad.

En ese sentido, Marín enfatizó que la justicia transicional debe equilibrar la restauración con la retribución: “La sanción es restaurativa, pero también es retributiva. Es decir, debe generar una cierta aflicción, que se traduce en las restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios territoriales fijados para el desarrollo del proyecto restaurativo”, explicó.

La funcionaria añadió que las sanciones deben cumplirse bajo condiciones claras relacionadas con horarios, lugar de residencia y limitaciones de movilidad, para que se garantice su carácter efectivo.

La postura de la defensora se suma a la de distintas voces políticas y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que también cuestionaron la ausencia de medidas restrictivas de la libertad. Según estos sectores, el acuerdo de paz contemplaba sanciones que, aunque distintas a la cárcel tradicional, implicaban una privación real de la libertad para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Marín advirtió que persisten dudas sobre la compatibilidad entre el cumplimiento de las sanciones y la participación política de los excomandantes. Además, recordó que la JEP deberá garantizar un proceso de consulta a las víctimas en un plazo de 30 días, lo que representa un desafío adicional en términos de legitimidad y aceptación social de las decisiones judiciales.

La Defensoría del Pueblo también señaló la necesidad de establecer mecanismos claros de verificación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de las sanciones, así como la participación activa de las víctimas en la definición de las medidas restaurativas.

El fallo de la JEP contra los exjefes de las FARC es considerado un hito en la justicia transicional de Colombia. No obstante, las críticas apuntan a que el balance entre justicia restaurativa y retributiva aún no está resuelto, lo que podría afectar la percepción de verdad, justicia y reparación que esperan las víctimas de secuestro.